La irrupción de la inteligencia artificial (IA) provocará cambios sin precedentes que afectarán todos los ámbitos sociales y económicos de todas las naciones, para bien o para mal. Nadie podrá escapar, porque renunciar a ella significará perder competitividad.
En ese entorno tan disruptivo, el debate sobre la educación en torno a los presupuestos públicos, el acceso y la mejora en la calidad de la educación, sobre la base de los actuales programas, la infraestructura, el dominio del idioma inglés o el aprendizaje de las disciplinas STEAM, si bien representan enormes desafíos por sí solos, deben ser analizados y abordados desde otra perspectiva: ¿será nuestro sistema educativo capaz de preparar a las nuevas generaciones para desarrollarse plenamente en una economía y una sociedad profundamente transformadas por la inteligencia artificial?
El acceso al conocimiento dejará de depender exclusivamente del aula y del docente como transmisor de información. El aula deberá reinventarse.
Muchos centros educativos se encuentran en malas condiciones y requieren reparaciones urgentes, mientras las restricciones fiscales limitan la capacidad del Estado para reconstruirlos o modernizarlos. Al mismo tiempo, la incorporación de la IA exige inversiones importantes en conectividad, plataformas digitales y dispositivos tecnológicos.
Esta transformación también alcanza al recurso humano. La inteligencia artificial no reemplazará la función esencial de maestros y profesores como formadores, orientadores y referentes humanos, pero sí incrementará significativamente su productividad al asumir numerosas tareas administrativas y de apoyo pedagógico.
Las necesidades futuras de contratación probablemente serán distintas a las actuales y privilegiarán a docentes altamente capacitados para trabajar junto con la IA, dado que a esta transformación se suma un cambio demográfico igualmente significativo que puede ser aprovechado como una oportunidad para reasignar más estratégicamente los recursos destinados a la educación.
Según informaron algunos medios de comunicación recientemente, 31 centros educativos fueron cerrados entre 2022 y 2025 debido a baja matrícula, cifra que resulta mayor si se contabiliza desde el año 2013: en 13 años dejaron de funcionar 124 instituciones del Ministerio de Educación Pública (MEP). Para 2025, se contabilizó una matrícula total de 946.023 estudiantes, mientras que en 2021 la matrícula fue de 1.080.041, o sea, 134.018 estudiantes menos.
Mantener una infraestructura diseñada para una población estudiantil considerablemente mayor podría traducirse en un uso ineficiente de recursos escasos. Sin desconocer el derecho de las comunidades rurales y más alejadas a acceder a una educación de calidad, resulta indispensable revisar estratégicamente la ubicación, capacidad y especialización de los centros educativos. Ello, para procurar un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente y la tecnología, al tiempo en que algunas de las instalaciones que ya no se utilizarán podrían destinarse al cuidado diurno de personas adultas mayores de la comunidad. Las personas mayores de 65 años representaremos el 25% de la población en el año 2050.
Es claro que el Estado difícilmente dispondrá de los recursos necesarios para financiar simultáneamente la renovación de la infraestructura física, el desarrollo de la infraestructura digital y la actualización de los docentes.
Esta realidad obliga a explorar nuevas formas de financiamiento. Costa Rica cuenta con importantes fuentes de ahorro colectivo invertidas en fondos institucionales administrados por entidades financieras que podrían canalizarse hacia proyectos de infraestructura educativa mediante vehículos de inversión, fideicomisos o contratos de largo plazo capaces de movilizar capital privado a través del mercado financiero. Lo anterior, sin comprometer la rectoría pública del sistema educativo.
Si bien estos esquemas implican el pago de un rendimiento necesariamente competitivo para los inversionistas institucionales, permiten diferir el costo fiscal a lo largo de la vida útil de los activos, evitando cuantiosos desembolsos iniciales de inversión y, al mismo tiempo, incorporando en una misma estructura financiera el mantenimiento, la modernización y la actualización tecnológica de la infraestructura.
De este modo, el Estado puede concentrar sus recursos en garantizar la calidad de la educación, mientras los mecanismos financieros aseguran que la infraestructura conserve los estándares requeridos durante todo su ciclo de vida.
La medida del éxito será la capacidad de que podamos ofrecer a cada estudiante, independientemente de su condición económica o del lugar donde viva, las oportunidades necesarias para desarrollar plenamente su talento y participar en igualdad de condiciones en la sociedad y la economía del siglo XXI.
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Yanni Sterloff es abogado especialista en regulación de los mercados financieros y pensiones.
