La educación forma la sociedad del futuro. Esta función es aún más determinante en pequeños países con la dotación de factores como Costa Rica, cuya principal riqueza es su gente. Por eso, tratar los problemas complejos que enfrenta su sistema educativo con soluciones simples, eslóganes o sin evidencia científica que las respalden no es lo que el país requiere y, además, puede inducir costosos errores de política pública.
El “VIII informe del estado de la educación 2021″ señaló claramente que estamos en la peor crisis educativa de los últimos 40 años. Problemas de larga data se volvieron más complejos con la pandemia y el “apagón educativo”, y profundizaron las desigualdades educativas entre la población.
Cabe señalar que veníamos combatiendo estas desigualdades por medio de distintos mecanismos, como una mayor inversión en educación, mejoras salariales a los docentes, reformas profundas a los programas de estudio, incremento de los incentivos para estudiar, programas contra la exclusión educativa.
Estos remedios no eran suficientes, pues, aunque soltaban grandes nudos, seguíamos sin atender cuestiones sustanciales, como el bajo logro educativo de los estudiantes, los problemas de calidad en la formación inicial en universidades con carreras en educación sin acreditar, la ausencia de actualización en procesos de contratación, carencia de acompañamiento y evaluación de los docentes en servicio, la falta de conectividad y ambientes de aprendizaje de calidad en las aulas, la falta de liderazgos pedagógicos en los centros educativos y sistemas de información poco eficaces y articulados del MEP en áreas claves (expediente estudiantil, recursos humanos, gestiones administrativas) necesarios para agilizar y desburocratizar la toma de decisiones y la gestión del sistema.
Luego de un período totalmente “anormal” de cierres totales o parciales de los centros educativos, la población estudiantil regresó a clases presenciales en el 2022, un gran pero tardío logro. Sin embargo, se suspendieron las pruebas estandarizadas, lo que implicó renunciar a evaluar y tener información valiosa sobre lo que sabían los estudiantes o no.
Volvimos a dar clases “normales”, pero sin acciones remediales extraordinarias para nivelar aprendizajes fundamentales en una población estudiantil que tuvo rezagos significativos en materias básicas como español, asignatura esencial para garantizar trayectorias educativas exitosas y aprendizajes en otras fundamentales, como matemática, ciencias y la alfabetización digital del alumnado.
Hoy tenemos niños que saldrán de la primaria sin saber leer ni escribir bien. Sin esto será más difícil subir otras gradas que se quieren (más graduados en educación superior y carreras STEM, por ejemplo).
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Costa Rica en estado de hibernación
La principal lección que la pandemia dejó a los países fue que “las situaciones extraordinarias demandan acciones y respuestas extraordinarias”. Por eso, durante el 2022, en la mayoría de los sistemas educativos del mundo abundaron políticas extraordinarias, como la ampliación de horarios en las escuelas, clubes de verano o clases adicionales los sábados (EE. UU., OCDE, AL), programas de capacitación y acompañamiento a los docentes (OCDE, Chile, Colombia, Argentina), evaluaciones diversas a los estudiantes con pruebas diagnósticas estandarizadas, censos orales de comprensión lectora (Mendoza) o exámenes por computadora para que los estudiantes los resolvieran en sus casas mediante distintas plataformas (Uruguay), programas de aceleramiento de aprendizajes fundamentales para estudiantes de regiones o estratos económicos más vulnerables (EE. UU., OCDE, AL)
En Costa Rica nada de esto ocurrió en el 2022. Lejos de aprovechar la crisis para tomar acciones extraordinarias y urgentes, entramos en una especie de inercia:
1. En materia pedagógica, uniformamos las prácticas en las aulas sin reconocer la diversidad de situaciones que afectaron a la población estudiantil en las distintas regiones, situaciones económicas, modalidades, género, etnias. Olvidamos que lo que funciona en una clase para unos puede que no funcione para otros.
2. En materia docente, en lugar de aprovechar los avances de las personas docentes y directoras en sus competencias digitales, postergamos los programas de capacitación y acompañamiento que les permitiera fortalecerlas y ampliarlas. Asimismo, seguimos postergando la mejora en los procesos de contratación del MEP, sin aplicar el examen de idoneidad docente, ni impulsar con todo el apoyo que se requiere el Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de Educación, ni tampoco la acreditación obligatoria de estas.
3. En materia de conectividad, luego de que la Contraloría General de la República, con el concurso de otros actores, se trajo abajo la Red Educativa del Bicentenario, entramos en un impasse del que no hemos salido. Esto quedó meridianamente claro en el reciente “receso lluvioso”: en el futuro cercano, si tuviéramos que cerrar los centros educativos de nuevo por un tiempo prolongado, un porcentaje significativo de estudiantes, similar al del 2020, seguirían sin acceso real a lecciones virtuales.
4. En materia de financiamiento, entramos al escenario que no queríamos: un nuevo período de insostenibilidad y reducción de la inversión en educación, en momentos en que la mayoría de los países y la reciente Cumbre en Educación de las Naciones Unidas abogaron por incrementarla.
Es necesario reconocer que estamos en una situación complicada, en la que en nada ayudan las acciones o políticas poco documentadas. Algunas proponen borrón y cuenta nueva en diversas áreas estratégicas desconociendo el camino andando; otras rechazan las políticas de Estado que el país venía forjando en materia curricular o inversión educativa. Tampoco ayudan las propuestas legislativas que, pese a la mejor voluntad de sus proponentes, se formulan sin ningún fundamento pedagógico para abordar problemas delicados, como por ejemplo la salud emocional de los estudiantes y la violencia en los centros educativos.
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No hay tiempo que perder
El país requiere políticas educativas robustas que sean el resultado de procesos de revisión sistemática, objetiva, documentada y bien contextualizada del momento en el que estamos; atiendan los problemas más urgentes para salir de la crisis educativa y garanticen el logro educativo de las generaciones que han sufrido el apagón educativo.
En ese sentido, el 2023 será un año clave para la recuperación del “apagón educativo” y acelerar políticas en seis aspectos sustantivos: 1) Evaluación estandarizada y nivelación de los aprendizajes de los estudiantes, especialmente los más rezagados y de zonas vulnerables; 2) conectividad de banda ancha en la red educativa; 3) contratación idónea y programas robustos de inducción a docentes y directores noveles; 4) formación inicial de calidad y capacitación continua y reglamentada; 5) inversión en educación sostenida y eficiente; y 6) sistemas de Información eficaces para la toma de decisiones.
Salir de la crisis es posible, pero urge establecer prioridades claras en temas estratégicos y condiciones mínimas de acción en los operadores políticos, como tener datos y evidencia clara de dónde estamos; reconocer que los problemas que tenemos son complejos y no se resuelven con respuestas simples, dispersas o aisladas; evitar las argumentaciones falaces y propuestas sin fundamento científico; y, finalmente pero no menos importante, mantener un debate serio, informado y transparente de la situación educativa actual entre los principales actores educativos, sin exclusiones.
isabelroman@estadonacion.or.cr
La autora es coordinadora de investigación del Estado de la Educación.
