Es decepcionante que las nuevas respuestas estatales a la crisis de violencia se reduzcan a medidas exclusivamente represivas, tales como los megaoperativos, el ataque al narcomenudeo y el enfoque en el sicariato.
Tales acciones resultan ineficientes e insuficientes si son aplicadas aisladamente de las urgentes políticas públicas. Nadie discute que la policía debe actuar, pero ni en El Salvador, con un régimen autoritario y medidas excepcionales, que incluyen más cárceles, detenciones y muertes, han podido detener la creciente violencia de las maras.
Hemos empezado a repetir y se ha vuelto un lugar común que los diagnósticos en nuestro país sobran. Sin embargo, estos diagnósticos, algunos de ellos excepcionales, parecieran no haber calado lo suficiente para que se comprenda la magnitud del problema, para reconocer en lo que se ha fallado, lo que deberíamos aprender y, principalmente, lo que se debe hacer.
El Ministerio de Seguridad Pública requiere más recursos, evidentemente, pero pretender que los fondos provengan de recortes al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, del MEP y del IAFA es la paradoja más esquizofrénica que alguien pudo pensar.
No es dispararse en el pie, sino directamente al pecho antes de arrancar, pues lo que más necesitamos es enriquecer nuestra cultura, mejorar la educación y atención preventiva y curativa para parar la vorágine que nos escupe en la cara.
Cito de memoria una frase que se le atribuye a Alberto Cañas, a quien le preguntaron para qué servía un ministerio de cultura. Su respuesta fue que era para que no hubiera necesidad de hacer esa pregunta.
Víctimas jóvenes
Todos sabemos que la violencia se ensaña con los adolescentes y jóvenes. Las mayores tasas de intentos de suicidio se dan entre los de 15 a 19 años y predomina en mujeres, la de suicidios se concentra en el grupo de 15 a 24 años y son mayoritariamente hombres.
Las víctimas de homicidios tienen entre 17 y 35 años y los sicarios se encuentran en el grupo que va de los 18 a los 35 años. En ambos casos, la mayoría son hombres, no terminaron la secundaria y son desempleados o desempeñan actividades ilegales.
Es evidente en lo que hemos fallado. Han sido más de tres décadas de políticas neoliberales a lo largo de las cuales se incrementó la desigualdad y, como dice el último informe de la Unicef sobre Costa Rica, de mayo del 2023, “según el Banco Mundial en los últimos 25 años el producto interno bruto (PIB) per cápita ha aumentado en Costa Rica un 85 %. Sin embargo, no se ha traducido en una reducción de las desigualdades sociales, ya que el coeficiente de Gini pasó de 0,456 a 0,493 en el 2020″, y agrega el desalentador dato de que “el 39 % de niños, niñas y adolescentes son pobres”. Si a esto añadimos que el 48 % de las personas de entre 18 y 24 años no completaron la secundaria, encontramos las raíces de la violencia y lo que debemos hacer.
No debe entenderse que la solución al problema sea lo que se pretende debilitar: experiencias exitosas como los Centros Cívicos por la Paz del Ministerio de Justicia, que de la mano del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) crearon centros alternativos para la población infantil y adolescente de zonas urbano-marginales, o el parque de la Libertad, los Centros de la Cultura, la Compañía y el Taller Nacional de Teatro, el Centro de Cine, la Orquesta Sinfónica, el Museo de los Niños, la Compañía Nacional de Danza.
Y, como parte de la locura, se reducen recursos del MEP y del IAFA. Estamos poniendo la carretera delante de los bueyes.
Momento de hacer las cosas bien
Como nunca antes, tenemos la mayor población de 10 a 25 años, bono demográfico que empezamos a perder en el 2022. Si desaprovechamos esta oportunidad y a esta población, al no garantizarle educación, salud y protección de calidad, la condenamos a figurar en los índices más lamentables del país.
Los necesarios y urgentes ajustes toman años, pero debemos empezar en este mismo momento a intentar revertir todo lo mal que se ha hecho. Sin embargo, parece repetirse, como un “déjà vu”, lo pasado en décadas anteriores y hasta profundizado.
¿Cuándo adolescentes y jóvenes quedaron fuera del interés estatal? ¿Desde cuándo la inversión social, particularmente la focalizada, es un frío gasto? ¿Desde cuándo la educación viene en franco deterioro? ¿Cuándo la salud preventiva se abandonó? ¿Cuándo la protección de las poblaciones más vulnerables se desatendió para dar más importancia a la aprobación de un proyecto para la legalización de la marihuana recreativa?
Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años. Siga a Alberto Morales en Facebook.
