La causa inmediata de la muerte de Hugo Torres fue una enfermedad que no ha sido identificada, porque el régimen mantuvo en total secretismo el agravamiento de su salud, bajo el aislamiento que prevalece en el Chipote.
Lo que sí sabemos, por el testimonio de los presos, es que las torturas provocaron el deterioro irreversible de la salud del general Torres, que las autoridades actuaron con indolencia y no le brindaron atención médica oportuna, y que solo después de que se agravó fue trasladado a un hospital.
Una semana después de la trágica muerte de Hugo Torres, que ha conmocionado al país y a la opinión pública internacional, Daniel Ortega autorizó, el viernes, el traslado al régimen de arresto domiciliario de los presos políticos Arturo Cruz, precandidato presidencial; José Pallais, de la Coalición Nacional; y Francisco Aguirre Sacasa, excanciller de la República. Todos de la tercera edad y con visibles padecimientos de salud que se agravaron en estos seis y hasta ocho meses de cárcel injusta, sin las mínimas condiciones de respeto a sus derechos humanos como prisioneros, acusados y enjuiciados en la cárcel, sin ninguna prueba de una presunta conspiración contra la soberanía.
Para justificar el cambio del régimen de detención, el Ministerio Público alude al «estado de salud» de Cruz, Pallais y Aguirre Sacasa, pero no se atreve a reconocer que el deterioro de su salud física y mental se ha agravado por el régimen de tortura carcelaria, ni presenta los diagnósticos médicos correspondientes.
La fiscal Ana Julia Guido que actúa como cómplice y corresponsable de las órdenes de la pareja presidencial, pretende seguir ocultando la responsabilidad de la dictadura en los daños causados en la salud de los presos políticos y de sus familiares, que también son víctimas de este régimen de tortura.
En setiembre del 2021, un grupo de nicaragüenses marchó desde La Sabana hasta la Plaza de la Democracia, en el centro de San José, en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, a quien le demandaban la liberación de los presos políticos. (Alonso Tenorio)
Razones humanitarias
La Fiscalía invoca incluso «razones humanitarias», para justificar el cambio de régimen carcelario, pero si de verdad existiera algún respeto a la humanidad y a la dignidad de los detenidos, lo primero que el régimen debería hacer es suspender ya el régimen de tortura del Chipote que es la causa del deterioro de la salud de los presos.
El viernes en la noche Arturo Cruz, Francisco Aguirre y José Pallais, por primera vez, pudieron dormir en sus hogares, con su dignidad intacta como seres humanos, después de haber padecido meses de cárcel, pero en el Chipote se mantiene el régimen de tortura y castigo contra sus compañeros de prisión, y otros 17 presos políticos de la tercera edad, quienes también padecen enfermedades crónicas, están sufriendo esas mismas penalidades.
De manera que los principios «humanitarios» que el régimen invoca, solo se pueden restablecer si Daniel Ortega aplica al menos tres medidas de emergencia para enfrentar esta grave crisis de derechos humanos: primero, la suspensión inmediata del régimen de tortura en la cárcel; segundo, el traslado de los 17 presos políticos de la tercera edad al régimen de arresto domiciliario; y tercero, ordenar a la Corte Suprema de Justicia para que en un plazo perentorio declare la nulidad de los juicios espurios para liberar a todos los reos de conciencia, preservando la vigencia de sus derechos políticos.
Ortega empezó a ceder ante la presión nacional, ante los gestos dramáticos y las denuncias de los familiares de los presos políticos, con el apoyo de la comunidad internacional, para evitar las muertes de Arturo Cruz, José Pallais y Francisco Aguirre en la cárcel, y ahora sus familiares tienen la oportunidad de salvar sus vidas, con un largo y doloroso proceso para restablecer su salud.
Pero para recuperar la libertad de los 177 presos políticos, se necesita mucha más presión nacional e internacional, y no solo de los familiares de los presos políticos, sino de todos los nicaragüenses, de la gran mayoría azul y blanco, de los estudiantes universitarios, de los obispos y sacerdotes, de los empresarios, y también de los servidores públicos, civiles y militares.
Ortega y Murillo solo van a liberar a todos los rehenes, cuando la presión nacional e internacional, la resistencia cívica y las grietas en los pilares del régimen, los obliguen a dejar el poder y devolverle al país la libertad, para iniciar una nueva transición democrática.
