EscucharCuando las finanzas públicas enfrentan una presión inmediata, el recorte de gasto aparece como la herramienta más rápida. Es comprensible: reducir una partida puede producir alivio contable a corto plazo, mientras que mejorar la recaudación, modernizar sistemas o simplificar impuestos requiere tiempo.
Pero esa diferencia temporal no debe ocultar el problema de fondo. Si Costa Rica vuelve una y otra vez a discutir recortes urgentes, es porque ha postergado durante años reformas estructurales que habrían dado más margen fiscal.
La OCDE reconoce avances en estabilización fiscal y reducción de la deuda, pero también advierte que esos logros han dependido en exceso de la contención del gasto. Esa estrategia tiene límites. Sirve para ordenar la casa en una emergencia, pero no puede convertirse en el único instrumento permanente de política fiscal.
El país necesita recaudar mejor, no necesariamente cobrar más. Una parte del problema está en la fragmentación del sistema tributario: demasiadas entidades, tributos y plataformas dispersas para administrar ingresos públicos. Esa arquitectura encarece el cobro, dificulta el control y abre espacios para la evasión.
Simplificarla no es una ocurrencia de corto plazo, sino una reforma estructural pendiente. Lo mismo ocurre con la facturación electrónica. Aunque es obligatoria desde hace años, todavía existen brechas de cumplimiento y uso efectivo. Su potencial no está solo en emitir comprobantes, sino en generar trazabilidad, cruzar información y facilitar el cumplimiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
El caso más evidente es Hacienda Digital. Este proyecto nació para modernizar la gestión tributaria, aduanera y financiera del Estado. Sin embargo, seis años después de aprobado el crédito original, el avance sigue lejos de lo esperado. De las tres grandes plataformas, solo Tribu-CR estaba operando; ATENA y CR-Teza seguían pendientes.
Ese atraso tiene consecuencias. Sin sistemas modernos, integrados y confiables, la lucha contra la evasión depende más del esfuerzo manual, la fiscalización limitada y el discurso político que de capacidades reales de gestión. La disciplina fiscal no debe abandonarse. Pero debe madurar.
Recortar puede ser necesario ante una urgencia, pero no sustituye las reformas que evitan llegar a ella. La verdadera pregunta no es si el Estado debe ajustarse la faja. Claro que debe hacerlo. La pregunta es por qué seguimos dependiendo de recortes de emergencia cuando desde hace años sabemos cuáles reformas estructurales podían darle al país más espacio fiscal, más eficiencia y mejores herramientas para cobrar lo que corresponde.
Los recortes atienden el síntoma. Las reformas postergadas explican la enfermedad.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
