Vivimos en un país que debería respirar mar. Más del 90% del territorio costarricense es marino. Nuestras costas no solo son el hogar de comunidades que dependen del océano, sino también de ecosistemas que nos protegen, nos conectan con la vida misma y atraen visitantes de todo el mundo. Sin embargo, los datos más recientes nos confrontan con una realidad incómoda: Costa Rica no está cuidando bien sus mares.
El Índice de Salud de los Océanos 2024 coloca a nuestro país en la sexta posición entre los siete países de Centroamérica y en la posición 157 a nivel global. Apenas superamos a El Salvador (posición 164), y quedamos muy rezagados respecto a Panamá (52), Nicaragua (73), Belice (80) y Honduras (96), naciones que, pese a sus propios retos sociales y económicos, han logrado un mejor desempeño. Esta brecha es alarmante. Mientras Costa Rica sigue cultivando una imagen internacional de sostenibilidad y conservación, sus océanos muestran claras señales de deterioro.
Estos resultados no son solo números: son un llamado de atención urgente. En 2024, las Áreas Silvestres Protegidas marino-costeras de nuestro país recibieron más de 1,3 millones de visitas, lo cual representa más de la mitad de todas las visitas a las áreas protegidas nacionales. Y, sin embargo, el componente de turismo y recreación costera del índice obtuvo apenas 31 de 100 puntos, la calificación más baja de todo el ranquin. Es evidente que existe una desconexión entre la conservación marina y el modelo actual de desarrollo turístico costero. Si no corregimos el rumbo, corremos el riesgo de perder tanto el atractivo de nuestros destinos como la salud de los ecosistemas que los sostienen.
El índice también muestra otras áreas preocupantes. La capacidad del océano para proveer alimentos de manera sostenible apenas alcanza los 42 puntos, y el aprovechamiento de productos naturales marinos recibe apenas 41 puntos. Estos indicadores sugieren limitaciones graves en la gestión sostenible de nuestras pesquerías y maricultura, así como en la regulación de la extracción de otros recursos marinos. Según el reciente Informe del Estado de la Nación, esta situación se agrava por la falta de una gobernanza sólida: durante la actual administración, se eliminó el Viceministerio de Aguas y Mares y se paralizó la Comisión de Gobernanza Marina, lo que debilitó aún más la capacidad de coordinación y manejo integrado de estos recursos.
Los ecosistemas costeros que almacenan carbono (calificación de 62) y protegen nuestras costas (calificación de 64) se encuentran en un estado intermedio, aún lejos de alcanzar su máximo potencial. Aunque el país ha iniciado acciones de restauración de manglares y está implementando una estrategia de carbono azul, la destrucción de estos sistemas persiste. Factores como la expansión urbana de ciudades como Puntarenas y Quepos, la ocupación informal de terrenos en localidades del golfo de Nicoya y la degradación causada por actividades agroindustriales en la desembocadura del río Aranjuez, continúan amenazando su integridad y su función ecosistémica. Ante la aceleración del cambio climático y el aumento del nivel del mar, es urgente detener este proceso de degradación e invertir decididamente en la restauración de manglares y pastos marinos, ecosistemas que no solo actúan como sumideros de carbono, sino que también constituyen barreras naturales esenciales frente a tormentas e inundaciones.
En papel, Costa Rica ha declarado como Áreas Silvestres Protegidas un 30,34% de sus mares. Sin embargo, proteger grandes extensiones requiere más que decretos. El ejemplo del Área de Conservación Marina Cocos, que representa el 81% de esa cobertura marina protegida, es revelador: en 2024, su presupuesto público fue de apenas $1,77 millones de dólares, complementado por $646.000 de inversiones privadas. En total, unos $150 por kilómetro cuadrado: una cifra modesta frente a amenazas como la pesca ilegal, la contaminación y el cambio climático.
En definitiva, la baja posición de Costa Rica en el índice de salud de los océanos en el 2024 refleja una clara incongruencia entre el discurso ambientalista del país y la situación real de sus mares. Es urgente revisar en profundidad nuestras políticas de conservación marina, invertir con seriedad en la protección de nuestras áreas marinas, controlar eficazmente las actividades contaminantes y fortalecer el monitoreo científico. Si aspiramos a ser un verdadero líder ambiental en la región, debemos respaldar nuestras palabras con acciones contundentes. Nuestros océanos –y las comunidades que dependen de ellos– no pueden esperar.
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
