Costa Rica suele mirarse en el espejo de su democracia, su vocación pacífica y su tradición solidaria. Pero al observar nuestra cohesión social, surge una pregunta menos cómoda: ¿cuánto confiamos realmente los costarricenses unos en otros?
Latinobarómetro es uno de los estudios de opinión pública más reconocidos de América Latina. Desde 1995, utiliza encuestas representativas que permiten comparar países y tendencias. En Costa Rica, la edición de 2024 incluyó 1.000 entrevistas, con un margen de error reportado de ±3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
Pero, ¿somos más desconfiados que nuestra región? En América Latina, la confianza interpersonal promedia 15,3%. México alcanza 25,7%; Argentina, 24%; Chile, 20,6%, y Uruguay, 19,7%. Costa Rica ocupa el puesto 14 de 17 países, solo por encima de Perú, Ecuador y Brasil. No somos una excepción positiva en una región desconfiada.
Tampoco se trata de un fenómeno reciente. En 1998, el 33,6% de los costarricenses confiaba en la mayoría; en 2010, el 18,6%, y en 2018, apenas el 9,5%. En 2020 fue 9,8% y en 2024, 10,4%. Aunque la serie fluctúa, la tendencia es clara: llevamos casi una década sin recuperar la confianza en los demás.
Aquí empieza el relato. ¿Por qué importa? Porque la confianza es una infraestructura invisible. Las carreteras transportan mercancías; las redes digitales transmiten información; la confianza permite que desconocidos trabajen, emprendan y resuelvan problemas juntos. Cuando falta, cada acuerdo necesita controles y cada colaboración, garantías. Como decimos los economistas, aumentan los costos de transacción y de coordinación; cuesta más negociar, verificar y ponernos de acuerdo.
El Banco Interamericano de Desarrollo, en su estudio “Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”, explica que la desconfianza encarece los negocios, desalienta la innovación y dificulta delegar responsabilidades fuera del círculo familiar. También debilita la acción colectiva necesaria para exigir mejores servicios públicos. En ese sentido, sus efectos alcanzan la productividad y el bienestar.
Pensemos en una empresa que no contrata a alguien ajeno a la familia, en vecinos que no consiguen organizarse para mejorar su comunidad o en ciudadanos que evitan contribuir a una solución colectiva porque creen que los demás no cumplirán. Cada decisión puede parecer razonable por separado. Juntas, producen un país que coopera menos, innova menos y paga más por protegerse.
Y aquí aparece nuestra paradoja: Costa Rica construyó instituciones y acuerdos sociales que durante décadas le permitieron avanzar más en productividad y bienestar que buena parte de la región. Pero contar con instituciones valiosas no garantiza que confiemos en quien piensa distinto. Cuando se debilita esa confianza cotidiana, también se erosiona nuestra capacidad de sostener acuerdos colectivos.
¿De dónde viene la desconfianza? No tiene una causa única. La inseguridad, la desigualdad y la polarización en redes sociales pueden alimentarla. Pero hay otro factor menos visible: la pérdida de espacios comunes y de oportunidades para relacionarnos con personas distintas. Si dejamos de encontrarnos, conversar y compartir experiencias, perdemos ocasiones para construir confianza. El desarrollo exige invertir no solo en infraestructura física, sino también en el tejido social que nos permite convivir.
Y aquí se complica, pues revertir la tendencia no depende solo del dinero ni de la buena voluntad. Requiere instituciones que cumplan sus promesas, reglas aplicadas por igual, información verificable y espacios donde personas diferentes puedan colaborar. La confianza crece cuando existen razones concretas para confiar.
Finalmente, en el pasado, Costa Rica invirtió mucho en construir un país donde podamos vivir juntos y progresar. Ahora, el desafío es construir uno donde también podamos hacer cosas juntos. Porque la prosperidad no depende solo del talento individual, sino de lo que logramos cuando dejamos de ver al otro como una amenaza.
jgarcia@socialprogress.org
Jaime García es director para América Latina del Índice de Progreso Social.
