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Costa Rica está enojada. Y tiene razones para estarlo.
Durante décadas, la ciudadanía ha visto el deterioro de los servicios públicos, el aumento de las desigualdades, la repetición de promesas electorales falsas y la multiplicación de privilegios de la clase política. La corrupción, la ineficiencia y el clientelismo alimentaron una frustración que no nació con el gobierno de Rodrigo Chaves.
Como muchos reconocen, Chaves supo canalizar ese enojo y convertirlo en una poderosa fuerza electoral. Entendió que muchos costarricenses estaban cansados de los partidos tradicionales, de los discursos de siempre y de una clase política que, en demasiadas ocasiones, parecía vivir en una realidad diferente a la del ciudadano común.
Exponencialmente, se acumularon ejemplos que explican el desencanto ciudadano. Una Asamblea Legislativa que, en distintos momentos, pareció más preocupada por sus privilegios que por resolver los problemas nacionales; partidas específicas utilizadas como instrumentos de clientelismo; vehículos de lujo exonerados; pensiones de lujo por haber sido diputado, y otros beneficios difíciles de explicar a quienes deben trabajar todos los días para alimentar a sus familias y pagar impuestos.
El Poder Judicial tampoco puede sentirse ajeno a esta crítica. Durante años, existieron salarios y pensiones alejados de la realidad económica de la mayoría de los costarricenses. La independencia judicial es indispensable, pero no significa inmunidad frente a la crítica ni frente a la obligación de rendir cuentas.
Obviamente, el Poder Ejecutivo también ha sido objeto de estos cuestionamientos en la administración de instituciones públicas, tales como los procesos de repartición de puestos en las juntas directivas, los desfalcos a la Caja Costarricense de Seguro Social y la concesión de obra pública, entre otros.
Igualmente, las universidades públicas deben hacer una profunda autocrítica. Defender la universidad pública es defender una de las grandes conquistas de Costa Rica. Gracias a ella, miles de jóvenes pudieron convertirse en profesionales, investigadores y docentes. Han sido instrumentos extraordinarios de movilidad social y desarrollo nacional.
Precisamente por eso, resulta inaceptable que algunos privilegios hayan alcanzado dimensiones difíciles de justificar. Pensiones de varios millones de colones al mes, algunas cercanas a los ¢11 millones, constituyeron una bofetada para miles de jubilados que sobreviven con pensiones infinitamente menores. Se han hecho reformas positivas, pero la lección debe quedar clara: ningún privilegio puede estar por encima de la equidad y la sostenibilidad del país.
Entonces, ¿hay razones para votar contra “los de siempre”? Por supuesto que sí. La ciudadanía tiene derecho a castigar electoralmente a quienes gobernaron mal, incumplieron sus promesas o utilizaron el poder en beneficio propio. Cambiar de partido, de gobierno y de dirigentes forma parte de la democracia.
Lo que no podemos hacer es confundir el rechazo a los partidos tradicionales con el rechazo a las instituciones democráticas. Ahí está la verdadera línea roja. Costa Rica no puede combatir los abusos de poder concentrando el poder. No puede sustituir la división de poderes por la obediencia política. No puede convertir al adversario en enemigo ni presentar toda crítica como una conspiración.
La división de poderes no fue diseñada para impedir que un presidente gobierne. Fue diseñada para impedir que cualquier presidente pueda gobernar sin límites. Y eso no es una debilidad: es democracia.
Nuestra historia tampoco puede ser borrada por el desencanto del presente. Costa Rica fue construida por hombres y mujeres que entendieron que el desarrollo económico requería desarrollo social. Pancha Carrasco, Carmen Lyra, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Marcelino García Flamenco, Rogelio Fernández Güell, Manuel Mora, Ángela Acuña, Adela Ferreto, monseñor Víctor Manuel Sanabria y muchos otros forman parte de una historia que hizo posible construir derechos sociales e instituciones que hoy damos por sentados. No podemos traicionar ese legado.
Pero tampoco podemos idealizar el pasado. La democracia costarricense necesita reformas profundas: combatir la corrupción, eliminar privilegios, mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la educación y la salud, y recuperar la calidad de los servicios públicos.
Mientras discutimos sobre política, una amenaza no espera: el narcotráfico y el crimen organizado. La violencia está arrebatando vidas, especialmente entre personas jóvenes. El país pierde oportunidades, seguridad y cohesión social. Cada joven que abandona sus estudios y cada comunidad que queda bajo el control del crimen organizado representan una derrota para Costa Rica. El problema no comenzó con Chaves, se acentuó y no terminará con él.
Por eso, debemos rechazar dos peligros simultáneamente: los viejos vicios de nuestra política y las nuevas tentaciones autoritarias. La dictadura es inaceptable, pero también lo es una democracia capturada por privilegios, corrupción e impunidad, en un país que alguna vez fue reconocido por generar oportunidades y movilidad social en libertad.
En este siglo se han dado al menos dos cambios políticos significativos: la ruptura del bipartidismo y la aparición políticamente exitosa del movimiento chavista. Ambos han demostrado ser ineficientes e insuficientes para resolver los grandes problemas nacionales e, incluso, muchos de ellos los han agravado.
Por eso, Costa Rica no necesita salvadores mesiánicos, sino ciudadanos en todos los espacios políticos: colegios de secundaria y universidades donde se fortalezca el pensamiento crítico, partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones ciudadanas que defiendan la democracia mientras exigen que esta funcione como nunca antes.
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra, fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años, y miembro de la Academia Nacional de Medicina.
