Las cárceles contienen el delito consumado; las aulas reducen las condiciones que lo producen. Podemos inaugurar jaulas y aplaudir la mano dura, o podemos recuperar una idea mucho más costarricense y mucho más eficaz: construir aulas, ampliar las oportunidades y ofrecer un futuro. De paso, fortalecer la investigación criminal.
El próximo 14 de octubre, el gobierno inaugurará el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco): una prisión basada en el modelo Bukele. Fue construida con planos aportados por ese país, con capacidad para unas 5.100 personas y una inversión anunciada de unos US$35 millones. Ha sido presentada como una obra monumental contra la delincuencia. ¿Un monumento a una política pública que llega demasiado tarde?
Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad real. El narcotráfico, el sicariato y la violencia homicida requieren investigación criminal, policías capacitadas, fiscales, jueces y cárceles seguras. Nadie sensato propone dejar en libertad a delincuentes peligrosos. Pero construir una prisión no equivale a prevenir el delito. Una cárcel recibe a quienes el Estado, la familia, la comunidad y el sistema educativo ya perdieron.
El Cacco fue impulsado por la administración anterior y concluido por la actual como símbolo de continuidad política y de admiración por la llamada “mano dura”. El gobierno incluso propuso llevar estudiantes a conocerlo como parte de una política de prevención. ¡Válgame Dios! La pedagogía del miedo: enseñar el castigo en lugar de crear oportunidades.
Mientras levantamos una megacárcel, la inversión educativa se aleja cada vez más de la prioridad nacional que alguna vez representó. El presupuesto inicial del Ministerio de Educación Pública pasó del 5,9% del PIB en 2022 al 5% en 2025. Para 2026, según la Contraloría General de la República, ronda apenas el 5,04%.
Estas cifras corresponden al presupuesto del MEP; muy lejos del mandato constitucional de destinar un 8% del PIB a la educación pública, incluida la educación superior. Lo grave es desfinanciar la educación preuniversitaria precisamente cuando el país atraviesa una crisis de aprendizajes.
Para los que dicen que dato mata relato: mientras se prepara la inauguración del Cacco, el segundo presupuesto extraordinario de 2026 propone rebajar cerca de ¢8.600 millones al MEP, ¢12.923 millones al sector Seguridad y ¢13.105 millones al Poder Judicial (¢5.020 millones al OIJ y ¢4.680 millones al Ministerio Público). Este bloqueo de fondos al Poder Judicial impidió abrir subdelegaciones en zonas estratégicas para combatir el narcotráfico y la penetración de organizaciones criminales.
¿De qué sirve construir miles de celdas si se debilita la capacidad institucional para identificar a los responsables, reunir pruebas y llevarlos ante los tribunales?
Mientras tanto, la educación va en picada. En la Prueba Nacional Estandarizada de 2024, el 28,6% de los estudiantes de secundaria académica diurna quedó en el nivel básico de matemáticas y solo el 27,2% alcanzó el avanzado. Una señal preocupante.
En las pruebas PISA 2025, solo el 30% de los jóvenes costarricenses de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia matemática, frente al 65% de la OCDE. En lectura, lo consiguió el 53% y en ciencias, el 56%. Prácticamente ningún estudiante alcanzó los niveles superiores en matemáticas.
Según los cuestionarios aplicados por PISA a los directores, el 68% del alumnado asiste a centros donde la falta de libros, computadoras, bibliotecas o laboratorios dificulta la enseñanza; el 64% estudia en instituciones donde las deficiencias de infraestructura obstaculizan el aprendizaje. Además, el 55% está en centros afectados por la escasez de docentes y el 52%, por la falta de personal de apoyo.
El Décimo Informe Estado de la Educación registró, al finalizar 2024, 887 centros educativos con órdenes sanitarias. De ellas, 108 correspondían a instalaciones clausuradas, insalubres, ruinosas o peligrosas, y 608 presentaban daños de gravedad intermedia. El informe estimó que iniciar la atención de las primeras 20 órdenes de mayor severidad requeriría unos ¢15.379 millones. No es una necesidad abstracta. Son niños, jóvenes y docentes que conviven a diario con riesgos que el Estado ya conoce.
En medio de esta realidad, el ministro de Justicia aparece en un video institucional pisoteando la dignidad de los privados de libertad. Los llamó “jachudos” mientras los amenazaba. Escenas violentas y humillantes. ¿Estamos ante un gobierno que combate a los “jachudos” o ante un gobierno jachudo? Esa demostración no es firmeza: es espectáculo.
La investigación internacional es consistente: más educación reduce la probabilidad de arresto, condena y encarcelamiento, porque mejora las oportunidades laborales, fortalece las capacidades para resolver conflictos, prolonga la permanencia de los jóvenes en ambientes protectores y aumenta el costo personal de perder la libertad. Una sociedad que expulsa a jóvenes de aulas deterioradas, pero ofrece como gran proyecto nacional una megacárcel, está interviniendo en el extremo equivocado del problema.
Costa Rica abolió el ejército para sustituirlo por inversión en escuelas, salud e instituciones. Ese fue nuestro verdadero modelo de seguridad: prevenir antes que reprimir, integrar antes que excluir y educar antes que castigar.
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.