En PISA 2025, el 63% de los estudiantes de colegios privados afirmó usar inteligencia artificial semanalmente para aprender, frente al 48% de los públicos. Sería tentador atribuir esa diferencia a la falta de límites. El cuestionario de directores muestra que los privados reportan más recursos, más reglas y más capacitación docente.
La distancia comienza con las condiciones de enseñanza. En el 85% de los colegios privados, la Dirección considera suficientes los dispositivos conectados a Internet; en los públicos, solo en el 22%. Para la velocidad de conexión, la diferencia es de 79% frente a 15%; para software adecuado, de 85% frente a 13%.
Tampoco se observa un sector privado sin normas digitales. El 98% de sus colegios reporta reglas sobre el uso de dispositivos en asignaturas específicas, frente al 66% de los públicos. El 59% cuenta con un programa de comportamiento responsable en Internet, contra el 23% de los públicos. Incluso la prohibición de celulares es más común en los privados: 64% frente a 14%.
La formación del personal muestra otra diferencia. El 58% de los privados indica que la mayoría o todos sus docentes participaron en capacitaciones para abordar el acceso estudiantil a chatbots de IA; entre los públicos, el porcentaje es de 10%. Para el uso ético y seguro de recursos digitales, las cifras son 69% y 18%.
Más reglas no implican necesariamente menos uso. Pueden facilitar que la tecnología se incorpore a las clases bajo ciertas condiciones. Pero la declaración de una política tampoco prueba que se aplique ni que los estudiantes aprendan a verificar una respuesta generada por IA. De hecho, dentro del pequeño grupo de colegios privados evaluados, el uso semanal de IA para aprender fue similar donde la mayoría docente recibió capacitación sobre chatbots y donde no: 62% y 64%.
Esa comparación reúne apenas a 30 colegios privados y no permite juzgar la eficacia de la capacitación. Tampoco cabe atribuir a las reglas las diferencias de puntaje entre sectores: los estudiantes llegan a PISA con trayectorias y recursos familiares distintos.
El hallazgo más firme es otro: los colegios públicos afrontan la expansión de la IA con menos recursos disponibles y menos formación reportada para sus docentes. La pregunta para el sistema educativo no es solo quién puede usar la herramienta, sino en qué condiciones se enseña a usarla y cómo se comprueba que el trabajo entregado refleja aprendizaje propio.
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Andrés Fernández Arauz es economista.