Cuando en una sociedad se vuelve normal recurrir al insulto, la descalificación y la burla –por ejemplo, por una discapacidad–, no cabe duda de que asistimos a una grave enfermedad colectiva.
El fin de semana anterior, la diputada guanacasteca (tilaranense, por más señas) Cindy Murillo la emprendió con virulencia contra sus coterráneos del distrito de Arenal porque la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) no satisfizo sus intereses y dictados políticos.
Expresar discrepancia por una decisión es lo más normal en una democracia; no siempre un acuerdo o una medida nos agrada. Lo que es inadmisible es ofender, y la legisladora no paró mientes en llamar comemierdas a sus vecinos, al tiempo que se burlaba de que “ya están acostumbrados al sabor”.
De paso, dejó entrever una amenaza implícita: otros distritos de Tilarán optaron por el caviar y les irá mejor. Ergo, habrá castigo por no plegarse a sus lineamientos.
Esta embestida de la diputada chavista no solo confirma esa apelación a los instintos más bajos. También constituye un rudo golpe a la convivencia ciudadana, pues el diálogo, el intercambio de ideas y la negociación son vitales para evitar que impere la ley de la selva.
En toda sociedad hay conflictos. Y es así porque los seres humanos, en tanto somos animales políticos, debemos discutir. Cómo administremos el debate marca la diferencia entre la discrepancia con respeto y civilización y la vorágine que lleva al desenfreno, la intolerancia y toda suerte de violencia.
Hay algo que añade gravedad a las expresiones de Cindy Murillo (quien ofendió a dos honorables compañeras en el Congreso, al llamarlas “damas de compañía”): el debilitamiento de la participación política.
Entendamos que esta no se limita al campo político-electoral (votar, optar por un puesto de elección popular, integrarse en un partido, etc.). La participación política es necesaria y trascendente para la salud de la democracia. De allí que cuando la ciudadanía conforma una ADI, organiza una Asada para administrar el servicio de agua o participa en una huelga o una manifestación callejera, está ejerciendo un derecho fundamental.
Si por decidir de otra manera, que disgusta a una funcionaria, un grupo comunal puede verse expuesto a represalias, esto indudablemente condiciona la libre participación, ya que la subordina a un diktat por quienes ejercen poder.
Lamentable, además, que desempeñar un cargo público cause “mal de altura” a tan solo pocos meses después de la llegada a cuesta de Moras.
vhmurillo@gmail.com
Víctor Hugo Murillo S. es periodista jubilado.
