EscucharLa provisión de infraestructura de calidad es clave para potenciar la competitividad del sector productivo y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En Costa Rica, un caso de éxito lo constituye el sector de telecomunicaciones, el cual, tras la apertura del mercado, amplió significativamente la penetración y la calidad de los servicios.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al 2024 el país contaba con 177 operadores y proveedores (versus 54 en 2010). Por su parte, la penetración de telefonía e Internet móviles ascendieron a 132% y 100%, respectivamente (versus 69% y 5% en 2010). Adicionalmente, las suscripciones de Internet fijo son hoy más de 1,2 millones, mientras en 2010 eran apenas 382.000. Esto implica una penetración del servicio de Internet fijo a nivel de vivienda de 65% (versus 32% en 2010).
Sin embargo, existe un gran tema pendiente y que se nos está saliendo de las manos en algunas zonas del país. La expansión de algunos de estos servicios ha implicado que nuestro entorno se caracterice por una maraña de cables que genera una enorme contaminación visual y amenaza la sostenibilidad de los mismos servicios.
Postes sobrecargados
Al mirar hacia arriba en cualquier punto de nuestras ciudades, es muy probable que nos encontremos debajo de un caos de cables, propio de las ciudades más caóticas del mundo. Adicionalmente, es común observar duplicación de postes uno al lado del otro y lugares donde las propias luces de los semáforos no son visibles detrás de un bloque de cables. Y, erróneamente, nos referimos comúnmente a esto como “tendido eléctrico”. Sin embargo, la amplia mayoría no corresponde al sector de electricidad, sino a equipos de proveedores de telecomunicaciones.
Es una mezcla de rollos de reserva, cableado, dispositivos ociosos o pedazos de cable que se abandonan con total desidia cuando un usuario cancela su servicio. Pero esto no es solamente un problema de contaminación visual, sino que constituye una gran amenaza a la provisión continua del servicio de electricidad y de las propias telecomunicaciones. La mayoría de los postes no están diseñados para las cargas a las que son sometidos por el exceso de cables y equipos. Por esta razón, es habitual ver caídas múltiples en dominó como lo ocurrido en Curridabat, o bien los postes inclinados a punto de caer por el sobrepeso.
¿Cómo se regula el uso de los postes?
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos (N.° 7593), la Sutel debe garantizar el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido de los postes y las demás instalaciones requeridas para la instalación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones.
Es decir, las empresas que han invertido en el desarrollo de redes de postes o ductos para distribuir electricidad están obligadas a permitir el uso de un espacio por parte de las empresas de telecomunicaciones. Los principales propietarios de las redes de postes son el ICE y la CNFL que, de acuerdo con datos de la Gerencia de Electricidad del ICE, agrupan al 72% de la población servida, mientras el resto del servicio es brindado por ESPH, Jasec, Coopeguanacaste, Coopealfaro, Coopelesca y Coopersantos.
En este contexto, la Sutel es la encargada de regular el marco sobre el cual estas empresas –como dueñas de las redes de postes– establecerán los contratos de uso de espacio en los postes con los proveedores de telecomunicaciones. Para ello se emitió el Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el Soporte de redes públicas de telecomunicaciones.
¿Quién es el responsable?
Este reglamento parte de los principios de un uso eficiente y ordenado de la infraestructura existente, garantizando que no se comprometan los servicios que se brindan. Empero, esto no parece reflejarse en la realidad.
En su artículo 34, establece que las empresas eléctricas dueñas de los postes deben maximizar el espacio disponible para la instalación de redes de telecomunicaciones, valorando la relocalización de elementos como transformadores, alumbrado público y redes públicas de telecomunicaciones, entre otros.
Por su parte, el artículo 35 indica que los operadores de telecomunicaciones deberán dar un uso eficiente a ese espacio asignado en postes y tienen la obligación de retirar cualquier elemento ocioso. Para ello, la Sutel puede actuar de oficio o a solicitud de alguna de las partes, para obligar a retirar dichos elementos. Por citar un par de ejemplos, en Ciudad de México y Quito se ha estimado que más del 50% del cableado de las redes está en desuso.
Vale la pena preguntarse entonces, ¿cuál institución en Costa Rica debe verificar que cableado en desuso sea retirado? ¿Queda a libre discreción la cantidad y tamaño de los rollos de reserva que se dejan en los postes? ¿Quién establece reglas para ordenar la forma en la cual se despliegan las redes en zonas residenciales? ¿Quién asume el costo por estas tareas y por las acciones que garanticen un adecuado entorno urbano?
Aquí es donde pareciera que hace falta claridad sobre la gobernanza del sector y el cómo se entrelazan las responsabilidades entre el sector electricidad y el de telecomunicaciones.
Los problemas de retiro de redes obsoletas y falta de presupuesto para control y seguimiento han sido señalados por las empresas de distribución de electricidad como barreras para el adecuado uso compartido de la infraestructura. Esto consta en el expediente GCO-DGM-UCI-00952-2024 de Sutel como parte de la revisión de la metodología de cargos por uso compartido de infraestructura.
¿Y el cableado subterráneo?
Al hablar de este problema, la mayoría piensa en la urgencia de continuar con los proyectos de cableado subterráneo, como el realizado por la CNFL en 350 cuadras de la ciudad de San José a inicios del presente siglo, con una inversión superior a los $50 millones.
Sin duda el soterramiento es costoso, pero tan solo imaginemos lo que sería el centro de San José con cableado aéreo. Valdría la pena valorar el continuar con el soterramiento de redes y ampliar su ejecución a otros centros urbanos del país.
Y es que el desorden imperante no es compatible con el posicionamiento como país turístico o de atracción de empresas de alto perfil. Eso sí, es claro que no siempre será posible por razones presupuestarias, por lo que debemos dejar de lado la falsa premisa de que esto es una elección entre cableado subterráneo o cableado aéreo desordenado. Puede existir cableado aéreo en orden y con un mucho menor impacto en términos de contaminación visual.
Estamos a tiempo de tomar las acciones para ordenar el sector y que los servicios públicos se brinden respetando el entorno en el cual los usuarios desarrollan sus actividades cotidianas.
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Federico Villalobos Carballo es economista especialista en infraestructura.
