La quinta cárcel que abre en una década refleja todo el deterioro que experimenta Costa Rica. La apertura de un lugar para recluir personas reunió a lo más granado de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que orondos acudieron a un acto esperpéntico y bochornoso. Y es esperpéntico y bochornoso no porque más infraestructura penitenciaria no sea necesaria, considerando nuestra altísima tasa de encarcelamiento, sino porque es la negación más acabada de lo que no hace tanto cualquiera pensaría sobre la idea del Estado de bienestar. Todo el antiintelectualismo y el desprecio por la ciencia que define a los movimientos populistas podrían condensarse en las fotos de la presidenta, los ministros y los diputados oficialistas pletóricos por ofrecerle a la ciudadanía un penal a medio palo.
¿Alguien recuerda, por ejemplo, que entre 2015 y 2022 se construyeron otros cuatro –esos sí terminados–? Seguramente no, porque entonces nadie creyó que hacer de aquello un acontecimiento guardaba el más mínimo sentido ya no digo lógico, sino estético. Pero es lo que hay.
Durante el show, hubo tiempo para mucho –las cosas como son–: para indignarse contra el fiscal general y los magistrados por no asistir a aquella oda al mal gusto, para atacar a quienes acusaron al Ministerio de Justicia de que el nuevo centro no se levantaría –qué más da si aún no está terminado y la comida debe traerse de La Reforma, porque tampoco la cocina funciona– y hasta para aclarar que los ministros de Hacienda y Justicia no usan supositorios –al menos con cocaína, claro–. Nos quedamos más tranquilos.