Cuando pensamos en soluciones a la inseguridad, lo usual es pensar en la Asamblea Legislativa, como creadora de normas; la Fuerza Pública, como barrera y guardiana; el OIJ, como investigadora; la Fiscalía, como eje de la acción penal; los tribunales, como administradores de justicia; y el sistema penitenciario, como instancia de castigo y eventual reinserción. El Poder Ejecutivo es determinante en la ecuación, no solo por sus Ministerios de Seguridad (Policía) y Justicia y Paz (penales), sino también como responsable de una visión estratégica que fomente la coordinación entre actores.
El desempeño de cada uno va de lo razonable a lo desastroso, pasando por lo caótico. Y si algo nos falta son método y voluntad ejecutivas para una acción integral, a partir de datos, rigor y confianza, que atienda el embate inmediato y, a la vez, refuerce una dimensión hasta ahora ausente en el debate o reparto de culpas: la preventiva.
Para lograrlo, el abordaje sistémico es clave. Depende de dos grandes variables: 1) Atender factores estructurales de lenta mejora (pobreza y exclusión, por ejemplo). Demanda una visión de Estado impulsora de buenas políticas públicas, pero aquí el déficit ha sido enorme y la ausencia de iniciativas para cerrarlo, dramática.