La Asamblea Legislativa se puso dos flores en el ojal con un par de temas relacionados: el primero aumenta el plazo de prescripción en delitos de corrupción y el segundo retrotrae a primer debate el proyecto 24.215 que podría abrir un portillo al otorgamiento de contratos públicos sin licitación previa. Por otra parte, la Sala de Casación Penal está elaborando un proyecto para eliminar obstáculos que impiden la celeridad de los juicios penales, con lo cual se cumpliría el principio de justicia pronta y cumplida.
Una cara de la inseguridad ciudadana que vivimos y que no siempre es visible es la corrupción. Esa persona que le habla al oído a un funcionario público por favores como el usar dineros públicos para hacer una calle al corruptor, girar la vista hacia el otro lado cuando hay conductas delictivas y aceptar dádivas por esas conductas. Todos estos son actos de corrupción de grupos organizados que cuentan, desdichadamente, con billeteras engrosadas.
De ahí la conveniencia del proyecto aprobado para que aquellos que cometen delitos de corrupción sepan que, por la gravedad de sus actos, el Estado dispondrá de 30 años para acusarlos penalmente. Esta buena iniciativa debe ser acompañada por una mejora en los cuerpos policiales, tanto en número como en recursos, algo que este gobierno ha negado, así como en la celeridad de los procesos para que no tomen años, como el caso de la Trocha o el llamado “cementazo”, entre otros. Por ello, es menester apoyar las reformas del Código Procesal Penal propuestas por las magistradas Patricia Solano y Sandra Zúñiga junto con sus compañeros de la Sala de Casación Penal.
El otro acierto fue que 43 diputados decidieron retrotraer un proyecto que pretendía reformar la Ley de Contratación Pública, que, entre otros, podría permitir hacer contrataciones de obra pública, bienes y servicios “a dedo” sin los debidos procesos de licitación, situación de la que ya, dichosamente, había advertido la Contraloría General de la República.
A este par de aciertos les falta una moderna legislación que golpee a los narcotraficantes y al crimen organizado donde más les duele: la pérdida de los dineros y bienes mal habidos, ya se ha avanzado mucho en el derecho comparado, lo que puede servir de base a una sólida legislación para el país.
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Nuria Marín Raventós es politóloga.