Los resultados de la investigación realizada sobre la aplicación de la política social por parte del aparato institucional, durante el 2004 y el 2005 en el distrito de Nosara, publicados en esta página el 22 de octubre, evidencian las profundas fallas del sistema institucional nacional.
Más allá de los resultados del distrito, el estudio desnuda el funcionamiento del sistema institucional y su incapacidad para obtener el impacto buscado en la reducción de la pobreza. No se trata, como muchos afirman, de falta de recursos, ya que existen, sino de que la forma de organización y gestión institucional, desfasada en el tiempo y deformada por los intereses de feudo institucional y grupos de interés, impiden alcanzar los productos requeridos para generar un impacto sustantivo que reduzca la pobreza extrema.
En otras palabras, para citar un ejemplo, podemos reducir la pobreza extrema si la CCSS no descalificase, con criterios antojadizos, a los ancianos y discapacitados que califica el IMAS; y si el MEP entregase los bonos escolares a quienes se encuentran en condiciones de pobreza, y no a otros sectores.
Una nueva visión. Estas irracionalidades obedecen al ordenamiento institucional vigente y no se limitan al sector social. Podemos encontrar un desorden semejante en las instituciones del sector hídrico, o en lo referente a obra pública. Se trata de un problema de organización institucional que tiene que revertirse a partir de un nueva visión que parta del impacto buscado, determine los productos que lo pueden generar, y que a partir de ahí defina formas de gestión y organización institucional, y no al revés, como se hace actualmente.
¿Significa eso que debemos apostar todas las transformaciones a un cambio constitucional e institucional? Si bien las acciones de mediano plazo deben encaminarse en esa dirección, existen necesidades urgentes que pueden resolverse a corto plazo, utilizando el centralismo institucional presidencialista para descentralizar la ejecución en las regiones.
El Presidente de la República, directamente o a través de los ministros rectores, puede utilizar la legislación existente como recomienda Johnny Meoño, así como su autoridad con los presidentes ejecutivos para propiciar cambios urgentes, y decretar la integración bajo un solo mando de los recursos humanos y financieros, aprobados por los ministros rectores y las instituciones respectivas para proyectos de interés regional o nacional.
Puede también ordenar que se ponga toda la información correspondiente a estos proyectos en la Internet, para que la sociedad civil organizada dé seguimiento a lo que se realiza, y para invitarla a participar en la aprobación de los presupuestos de los años venideros.
Reforma institucional. Pienso que, si la actual administración quiere lograr sus metas en cuanto a reducción de la pobreza, debe considerar una alternativa al funcionamiento institucional que incorpore la unidad de acción en las regiones y la auditoría de la sociedad civil regional y local.
No obstante, los alcances que pueden permitir estas medidas siempre serán limitados, y es preciso simultáneamente emprender la reforma institucional global, que debe empezar por la responsabilidad efectiva de los ministros y jerarcas de las instituciones descentralizadas, exigiéndoles rendición de cuentas con posibilidad de revocatoria del cargo, como lo aplican las democracias más avanzadas.
Mientras esto no se dé y continúe bajo el manto de la supuesta “incapacidad innata” de la administración pública que solo se resuelve con privatizaciones, las cosas no cambiarán en nuestro país y seguiremos avanzando aceleradamente hacia el caos institucional.
Mientras quede tiempo, que no es mucho, debe sentarse sobre el tapete de la opinión pública el problema de la organización institucional y la gestión pública.
