Ha llamado la atención que las propuestas para reducir la deuda pública o mejorar la educación se hayan centrado alrededor de la conveniencia de vender o no determinados activos del patrimonio nacional y que se haya dejado de lado el desvío masivo de recursos que realiza el clientelismo en la administración pública.
Me preocupa seriamente esta omisión, que atribuyo principalmente a la inercia de los modelos mentales y a la falta de información sobre la gravedad del problema pues se trata de un aspecto esencial.
Esto tanto por el volumen de recursos que permitiría reorientar hacia necesidades urgentes que no se están atendiendo, como por los alcances preventivos sobre las finanzas que tendría la toma de conciencia sobre este grave problema. En cuanto al primer aspecto, como lo demostraré más adelante, se trata de montos superiores al valor de muchas empresas públicas; en cuanto al segundo, se trata de un principio básico de orden en la administración, ya que, como se dice popularmente, "no se puede recoger agua en canastos". En otras palabras, canalizar recursos adicionales a una mala administración solo puede mitigar los problemas. Si no se remedia el mal, de raíz, a mediano plazo "la jarana vuelve a salir en la cara", con el agravante de que no existirían entonces reservas a las cuales echar mano.
La administración publica tiene un pecado original: no tiene evaluación. La Contraloría controla los procedimientos en el manejo de los fondos, pero no evalúa si las instituciones públicas están o no cumpliendo con su misión y metas.
Los costos de este vicio abarcan toda la administración pública. Veamos uno de los pocos casos sobre los que existe información producto de una auditoría externa: el del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, cuyo presupuesto este año supera los cuarenta mil millones de colones. Cito para el caso el Informe de la Misión Piloto del Programa de Reforma Social del BID, titulado "A la búsqueda del siglo XXI".
Para analizar cuán acertado es el gasto social en transferencias a los hogares pobres, el estudio toma dos fuente: la Encuesta de Hogares y la Encuesta de Inversión Social (ENISO), realizada esta última por MIDEPLAN entre diciembre de l992 y enero 1993.
Refiriéndose a la primera fuente afirma: "Es de señalar que si se estudian los hogares por niveles de pobreza se puede advertir que, del total de los jefes de hogar que reciben pensión no contributiva por parte del Estado, el 44,2 por ciento se encuentran en los hogares indigentes, 15 por ciento en pobres y un 40,3 por ciento EN HOGARES NO POBRES. Haciendo referencia a la segunda fuente "que estudia, entre otras variables, las pensiones no contributivas, el cupón de alimentos, los Comedores Escolares, el CEN-CINAI relativo a la atención de menores, alimentos y leche, otros beneficios, la ayuda brindada por el IMAS y el bono de vivienda" llega a conclusiones contundentes. "...Al observar a los hogares que perciben pensiones no contributivas del Estado, se aprecia que el 39 por ciento de los beneficiarios pertenecen al quintil más pobre, aunque simultáneamente SE DESCUBRE UN 18 POR CIENTO QUE FORMA PARTE DEL 40 POR CIENTO MAS RICO. En el caso de la ayuda proveniente del IMAS --que cubre numerosas y variadas prestaciones-- se advierte que casi la mitad de los beneficiarios pertenecen al 20 por ciento más pobre de la población. Sin embargo, si se toman en cuenta los quintiles superiores, se observa que MAS DEL 30 POR CIENTO DE LOS BENEFICIARIOS PERTENECEN A ELLOS, lo que está indicando un alto drenaje de fondos hacia sectores medios y altos".
De quienes reciben un "cupón total", como donación del Estado para la construcción de vivienda, el 30 por ciento va a la quinta parte más pobre del conjunto de hogares, mientras que EL 38 POR CIENTO VA AL SESENTA POR CIENTO DE LA POBLACION CON MEJOR INGRESO, INCLUYENDO UN 8 POR CIENTO DE CUPONES AL 20 POR CIENTO DE MAYOR INGRESO. (Al analizar los "cupones parciales" sube a uno de cada cinco los que van al 20 por ciento de la población de mayor ingreso).
A lo anterior el estudio agrega: "en muchas de las ejecuciones... la selección de beneficiarios no cuenta con la rigurosidad que debería... Además los asistentes sociales no cuentan con las instrucciones precisas para calificar la situación del hogar y por ello se da cierta arbitrariedad de juicio, muchas veces explotada con fines clientelísticos". Solo resta agregar que el costo de la "administración" de estos programas consume, según PREALC, el 35 por ciento de los recursos, cuando el máximo permisible sería del 20 por ciento. O sea, además de ineficiente es cara.
Estimo, analizando el informe, que al menos la mitad de Asignaciones Familiares (monto equivalente a las pérdidas provocadas por el Banco Anglo o al Fondo de la Educación Superior) se podría estar desviando como producto de los clientelismos y la mala administración. Se trata de una muy importante suma que podría dirigirse a necesidades urgentes no atendidas actualmente.
Programas y proyectos similares existen en toda la administración pública y una buena evaluación los puede ubicar con precisión. Con ellos se podría disminuir la deuda interna o atender inversiones urgentes.
La hemorragia en el gasto obedece a nuestro sistema electoral presidencialista basado en el clientelismo, que desecha, por incómoda, la administración moderna. Donde el Presidente, el único que realmente elegimos, no puede ser llamado a rendir cuentas a los electores y administra la hacienda pública a su mejor parecer e interés. De tal manera, la "evaluación" la realizan los jerarcas en función de sus intereses y la consolidación de su poder. Para salir de la crisis y desarrollar al país, debemos empezar por una reingeniería de la gerencia y la administración pública y el camino más indicado puede ser una Asamblea Constituyente bien preparada.