La encuesta de hogares o, por hacer un símil, el laboratorio de medición, ubica los niveles de pobreza y su distribución en el ámbito nacional, pero ya en el terreno, a la hora de la ejecución, las instituciones no conocen, más que parcialmente por la aproximación física a sus oficinas, quiénes son las personas que deben atender. Se supone que esta laguna la llena el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) del IMAS, que orienta e integra el quehacer institucional. Pero esto no funciona así.
Varias son las razones y muchas tienen que ver con este desaguisado. Por un parte el manejo presupuestario atrabiliario, la organización feudal del aparato público y el recelo interinstitucional que desalientan la colaboración, pero hay un problema en la concepción misma del SIPO que lo convierte más en un registro de pobreza certificada por la Ficha de Información Social (FIS) que en un instrumento de gestión y dirección de la política social. De tal forma que en la práctica cada funcionario actúa según su criterio o de acuerdo con la normativa vigente en su institución, lo que equivale, comparándolo con un cirujano, a operar con los ojos vendados, guiándose por el tacto, que a menudo resulta engañoso en cuanto a la calidad y profundidad del problema. Un ingeniero agrónomo lo definía de mejor manera diciendo que aplicar los servicios sociales en esas condiciones era "como sembrar de noche: alguna semilla cae en tierra fértil, pero otra, la mayoría, en la calle o en las piedras".
Necesidades reales. Pero ¿es importante saber quiénes son los pobres, ya que uno puede ser hoy pobre y mañana estar bien? Sí lo es ya que, si bien existe una cierta porosidad entre pobres y no pobres, hay un destacamento importante integrado por adultos mayores y discapacitados que ya no están en condiciones de valerse por sí, así como jefas de hogar que no transitoriamente tienen esas condiciones que requieren de transferencias públicas para poder sobrevivir. Esta población de fácil ubicación, donde se encuentra el grueso de la pobreza extrema, podría solventar su situación en corto plazo con recursos existentes acogiéndose a la legislación vigente, si el quehacer institucional se gerenciara bien, como realmente debe ser, orientándose hacia las necesidades reales existentes.