El pasado 9 de julio, la Municipalidad de Alajuela publicó una notificación oficial solicitando a los contribuyentes la declaración de sus bienes inmuebles, iniciando con los distritos de Alajuela, Río Segundo, Guácima y San Isidro.
Ante esta publicación, realicé la consulta correspondiente en el departamento municipal encargado, y la respuesta recibida fue que “si ya declaró en el año 2023, lo deberá volver a hacer en el 2028 y no hoy”.
Dado que la comunicación pública genera confusión, respetuosamente solicito a la Municipalidad que aclare oficialmente este asunto a través de los mismos canales en que emitió el aviso inicial. Muchos contribuyentes podrían verse en la incertidumbre de si deben o no presentar nuevamente su declaración en este momento, lo que podría derivar en trámites innecesarios o incluso sanciones por malentendidos.
Una correcta y oportuna información no solo favorece la transparencia institucional, sino que también fortalece la confianza ciudadana.
Jaime Morera Monge, Alajuela
¿Y la ruta 27?
Con razón resalta La Nación (9/7/2025) lentos procesos judiciales en algunas causas relevantes en la función pública. Sin embargo, no se entiende por qué ni el Ministerio Público ni la Contraloría General de la República exigieron a la concesionaria de la ruta 27 el cumplimiento de todas las obras establecidas en el contrato de concesión, algunas de las cuales no se llegaron a construir.
No se conoce aún si se llevó a cabo la investigación que la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio Público (nacion.com, 15/3/2011), ni se saben los resultados de los allanamientos realizados por la Fiscalía a involucrados en la construcción de la vía a Caldera (La Nación, 31/3/2011). Fueron muchas las deficiencias por la mala construcción de esta carretera –evidentes a simple vista– y, además, fueron ampliamente cubiertas por los distintos medios de comunicación. ¿Qué ocurrió en la ejecución de este proyecto de concesión? Tal vez algún día el Ministerio Público lo dé a conocer a todos los costarricenses.
Luis Fernando Rodríguez Fonseca, San José
Cableado destrozado
El pasado lunes 7 de julio, un cabezal rotulado del Ministerio de Seguridad Pública, en un total desprecio por la propiedad privada y sus efectos colaterales, destrozó el cableado eléctrico del barrio Carlos María Jiménez en el distrito Catedral, cantón Central de San José. Se realizó la debida denuncia ante la Contraloría de Servicios, ya que impunemente se dio a la fuga. Como mínimo, esperamos los vecinos que le sea abierto un expediente administrativo a quien conducía el vehículo.
Allan Rivera Cascante, San José
Extraditables
La DEA ha sacudido los cimientos del narcotráfico en nuestro país, abriendo la posibilidad de que muchos involucrados en esta lacra, que está destruyendo nuestra juventud, sean trasladados y procesados en los Estados Unidos. Ya el director del OIJ, Randall Zúñiga, advirtió de que siguen muchos en la lista, pero me preocupa un escollo que impide que estos extraditables sean detenidos en su casa. ¡Por favor! Nadie, sabiendo que le siguen los pasos, va a arriesgarse a andar por media calle, donde sí puede ser apresado. Urge que la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el organismo que corresponda blinden cuanto antes estos portillos alcahuetas, si es que de verdad queremos librarnos, de una vez por todas, de la maldición del narcotráfico.
Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia
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