El balance entre la autoridad -representante del interés público o general, y sus derechos- y la libertad del individuo y sus derechos, es esencial para que la sociedad políticamente organizada sobreviva. Demasiada autoridad hunde y corrompe. El libertinaje individual o de grupos a expensas de los derechos del todo produce el mismo efecto.
Esto último es lo que estamos viviendo en Costa Rica, y ya pone en riesgo la sobrevivencia del grupo, aunque no lo queramos ver o no lo admitamos.
Ninguna prueba mejor que el caso de las expropiaciones -actividad inherente a la autoridad pública, con concesión o sin ella- que desde hace décadas paralizan la construcción de la nueva infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país. Es tan triste y caricaturesca la verdad que de ella se desprende, que parece ficción. Pero no, es una amarga verdad, y tras de ella se oculta una real y auténtica amenaza.
Contra el interés público. El caso empezó con la nueva carretera a Orotina, en la década de los ochentas, la misma de la destrucción política del MOPT, y se agudizó en la de los noventas con la emisión de la nueva Ley de expropiaciones, innecesariamente recargada de trámites y desbalanceada a favor del individuo y en contra del interés público, efecto y causa a su vez de una visión neoliberal extrema e ingenua a la vez, que cree en el advenimiento automático del paraíso con la implantación de sus dogmas. Al igual que Marx, pero de signo opuesto.
Pero no están solos esa falta de seso legislativo mas la ideología imperante y su agenda oculta -que es la destrucción del Estado-: los acompaña abundantemente la invasión privada de lo público y su consecuente e inevitable privatización, por las convenciones colectivas abusivas, y los intereses de grupos que dominan la agenda legislativa -totalmente ajenos a su función nacional- que desvían y enmarañan la acción legal del Estado.
Trabazón e inoperancia. Todo ello, y la totalmente ilegal desaplicación de la Ley del tributo a la plusvalía generada por las obras públicas, confluyen como causas de este panorama caricaturesco, pero desgraciadamente real. El proyecto a Orotina, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo paralizó por casi una década la adquisición de los terrenos necesarios. El "choriceo" de los propietarios con avalúos totalmente inflados lo llenó de piedras; habría bastado cobrarles la plusvalía en el resto, o denunciar la irregularidad para que se desinflaran de inmediato, pero no se hizo nada, ni se cobró tributo de plusvalía ninguno. Se renunció entonces al préstamo y se redirigió el proyecto a concesión, y el remedio ha sido peor que la enfermedad porque la trabazón e inoperancia del Estado afecta a ambos procedimientos por igual. Resultado: más de veinte años después no han expropiado los terrenos. Los mismo afecta a la ampliación de la autopista vía a San Ramón y a los trabajos al sur del aeropuerto Juan Santamaría (nueva calle de rodaje para aeronaves en la zona de La Candela).
No se necesita pedir consultorías ni indagar mucho para saber dónde está el problema. Basta comparar los actuales procedimientos, con los que se aplicaron para la construcción del Santamaría (Ley de expropiaciones de El Coco), bajo la anterior Ley de administración financiera (mucho mejor que la de ahora), que con nitidez constitucional y legal permitieron construir ese aeropuerto, desde el principio, con recursos ordinarios de Hacienda, en apenas cuatro años. La legislación se ha complicado innecesariamente con verbosidades y discursos impropios de la ley -que es un mandato, cuyo primer requisito es que se entienda para que se acate, y que sea lógica y coherente como conjunto- puestos ahí para demostrar la sapiencia de sus redactores, pero que enmaraña e impide su eficacia, vicio del que al parecer adolece la nueva legislación tributaria que se propone, y que en la misma forma amenaza su efectividad.
¿Somos capaces? Es el Estado y su eficacia lo que está en cuestión. Fuera agendas ocultas, intereses privados y enmarañamientos irracionales, y el retorno al interés público y a la racionalidad, porque el Estado, nos guste o no, es indispensable. Pero la propuesta concreta para hacerlo, en esto y otras cuestiones fundamentales de alguno de los autodenominados candidatos, no la veo por ninguna parte. Solo, en distintas versiones, la misma noria y el mismo organillo ya gastados. Entonces, ya es hora de plantear cuestiones más fundamentales: ¿Somos ahora como grupo, capaces de autogobernarnos o no?