Cada día nos preocupamos por el deterioro progresivo de los servicios públicos, por el agotamiento y caos de la red vial, por el crecimiento de la delincuencia de cuello blanco y de otros colores, por la corrupción de los políticos y el saqueo de la hacienda pública, pero en cada caso vemos los síntomas inmediatos como causa del problema. Por eso clamamos por endurecer las leyes, por el "rescate" de los valores, por llevar hombres honrados e inteligentes a la Asamblea y al Gobierno, como si nuevas leyes fueran garantía contra la impunidad o los valores no se construyeran en la práctica y se pudieran rescatar de una cueva donde la mafia los tiene secuestrados.
En el mejor de los casos un buen administrador puede aliviar las cosas temporalmente, pero no podría resolver los problemas dentro del actual sistema. Su acción solo desplazaría la carga en el tiempo; después, los problemas volverían con más fuerza ya que todos estas manifestaciones obedecen a una causa común: el sistema político-estatal agotado. A menudo nos comparamos con los países desarrollados y nos lamentamos que aquí, a diferencia de los países del primer mundo, ni los ministros ni los diputados renuncian, o son desplazados cuando incumplen sus tareas.
Repúblicas clientelares. Nos lamentamos de no ser como ellos, pero al mismo tiempo damos por un hecho que el sistema político estatal nacional no se puede cambiar. En este lamento hay un reconocimiento implícito de una realidad: nuestros estados latinoamericanos no son, a pesar del rito electoral, repúblicas ciudadanas, donde el ciudadano elige y controla a sus gobernantes; de que somos repúblicas clientelares, donde el Estado es el botín político del partido ganador, que reparte prebendas entre la clientela que lo llevó al poder.
Lo que no es aceptable es el determinismo histórico que nos condena a seguir en esta situación por los siglos de los siglos. Primero, porque nuestra institucionalidad opera cada vez más ineficientemente en las nuevas realidades y ha venido acumulado tensiones, desde hace más de dos décadas, y si no se abren caminos legítimos se descargarán sin ningún control. Segundo, porque, a pesar del efecto nocivo del clientelismo, el umbral de ciudadanía, definido por el nivel educativo, de comunicaciones y de ingreso ha crecido notoriamente, lo que hace posible, especialmente en Costa Rica, aspirar a una democracia ciudadana.
Perdidos en detalles. Pero, ¿qué hay que cambiar en el Estado? Mucha gente, especialmente algunos abogados, se pierden en el detalle de las leyes y los reglamentos, pero el cambio empieza por un principio sencillo: evaluación de impacto y exigencia de rendir cuentas; es decir, la existencia de una efectiva auditoria ciudadana. Es un principio elemental para todo tipo de empresa e institución, que nuestro sistema irrespeta.
Si el más humilde de los pulperos nombra un administrador en su negocio, no lo puede dejar ahí y regresar dentro de cuatro años, pues sabe entonces que no encontraría nada. Por eso, le exige llevar las cuentas al día y lo visita, al menos, semanalmente para que le entregue un detalle sobre su trabajo. Si algo no marcha bien, lo amonesta o sustituye por alguien más capaz. Ese mismo principio opera en los estados de los países desarrollados, por eso cuando algo sale mal el ministro renuncia o es destituido. Pero en Costa Rica por rendición de cuentas se entiende otra cosa: la lectura de un informe a la Asamblea Legislativa, donde el Presidente destaca sus logros. Nadie es revocado aunque incumpla sus programas de gobierno y gasten el dinero en otras cosas.
Rendición de cuentas. Por eso el apalancamiento empieza por establecer la verdadera rendición de cuentas en todos los poderes del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia y las universidades. Esta rendición de cuentas será operativa en la medida que existan controles cruzados entre poderes y la Contraloría se centre en la supervisión de la evaluación de impacto. Debe partir de una nueva definición del jerarca como servidor público, a quien se controla su producto. Actualmente se parte del supuesto implícito, fundamentado en la práctica, de que todo funcionario es un ladrón potencial, por lo que se han establecido controles a priori, "para que no robe demasiado", sin darse cuenta que se le da el pretexto para no rendir cuentas y hacer "mesa gallega" sirviéndose en vez de servir.
Si la palanca se aplica en el pivote de la rendición de cuentas, todo el sistema institucional y político se ajustará poco a poco, ya que los jerarcas serán los más interesados en hacerlo. ¿Pero, cómo iniciar el proceso para instaurar la auditoria ciudadana si los políticos son los que legislan y no están interesados en que los controlen? Hay que buscar nuevas opciones basadas en los principios de ciudadanía responsable y abrir caminos al referéndum y al plebiscito.