Aumentar la asistencia social a costa de la inversión social, como se ha hecho en muchos países incluyendo el nuestro, no conduce a ninguna solución sino que transfiere y acumula los problemas a futuro.
Por una parte, genera una cultura de dependencia y postración en la población fortaleciendo el clientelismo a costa de la cultura ciudadana y por otra erosiona peligrosamente la educación y salud de la población acumulando dificultades y obstáculos que generarán más pobreza en el futuro. En mi artículo "Graves confusiones" publicado el 13 de agosto en esta página, señalé como la falta de claridad existente sobre la importancia de aprender haciendo en los procesos de capacitación facilita la supresión del adiestramiento y el encubrimiento de los procesos clientelistas. Deja lo sustantivo de la gestión de los proyectos en manos de la burocracia o de la ONG's partidarias reduciendo la participación y capacitación a acciones técnicas y convierte los proyectos en paliativos asistencialistas y discapacitantes.
La decisión de reforzar el presupuesto de educación con el 6 por ciento del PIB es un paso oportuno, aunque insuficiente, en la tendencia anterior de desvestir un santo para vestir un diablo. Una medida de esta índole debe acompañarse, por una parte, de una gerencia y control de calidad efectivo y por otra subordinando la acción asistencial temporal a programas promocionales de amplio espectro. Todo esto debe darse dentro de un proceso descentralizado donde participen los interesados directos en el servicio. En otras palabras, no basta asignar nuevos recursos a la educación y la salud, es preciso incorporar capacidad gerencial y utilizarlos bien para que la pobreza pueda ser superada.
Los recursos asignados a programas asistenciales en nuestro país son considerables y si bien no puedo afirmar que son suficientes para superar la pobreza, tampoco podría decir que no lo son. Existen por el contrario muchos indicios de que podrían ser mejor aprovechados con solo condicionar la asistencia, en el caso de personas jóvenes y sanas, a la participación en procesos de capacitación o de promoción social. Esto significa buscar soluciones locales a la pobreza en vez de producir personas que hacen un "modus vivendi" de las ayudas e incluso de los cursos de capacitación. Un funcionario que atiende uno de los programas que pretende romper con el asistencialismo capacitando mujeres jefes de hogar en la zona norte, me informó haber detectado un alto porcentaje de ellas matriculadas en varios cursos. En su criterio esto indicaba que el programa estaba siendo transformado en una forma de ingreso para algunas de ellas. Resulta que lo que aprendieron no les permitía conseguir un ingreso adecuado ni generó capacidades organizacionales para resolver sus problemas. Esto es, no estimuló la búsqueda de soluciones colectivas, por ejemplo crear empresas que respondieran a necesidades locales. Mientras los dineros siguen fluyendo hacia programas asistencialistas existen niveles tan bajos en las pensiones no contributivas de los ancianos e incapacitados que los mantiene por debajo de la línea de la pobreza.
Hacer de la asistencia temporal una palanca para la promoción y el desarrollo y elevar por encima de la línea de la pobreza a quienes ya no pueden valerse por sí mismo exige un nuevo sistema capaz de romper con las inercias y los círculos viciosos clientelares. Se requiere trasladar el eje de las decisiones de las instituciones centrales a las comunidades. Pero esto no es algo que se pueda lograr con simple medidas administrativas o decretos presidenciales que desplazan la ejecución de las manos de los burócratas, a las de la ONG's o a los politiqueros locales. Trasladar no es abdicar de las metas políticas, sino crear un sistema que se autorregule por los pesos y contrapesos locales cerrándole los espacios al clientelismo; que estimule la cultura ciudadana, la capacidad de gestión y organización consolidando los valores de solidaridad en la práctica cotidiana. Una cultura de participación activa viable: donde el ciudadano quiera y pueda cambiar a su comunidad. Esto implica un nuevo diseño de la política social y educativa basado en procesos de participación masiva que permita la resolución de problemas tales como el desempleo, la seguridad, la educación y el deporte al mismo tiempo que se genera y consolida una nueva institucionalizada. Esta última debe estar formada en lo fundamental por empresas de servicios dependientes de los mismos beneficiarios. En un próximo artículo enumeraré posibles opciones para inciar este proceso.
