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Con la demanda presentada oficialmente contra Nicaragua el pasado 29 de septiembre en La Haya, Costa Rica inaugura el procedimiento previsto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para dirimir una controversia interestatal: es la primera vez en su historia diplomática que el país introduce una demanda ante la alta jurisdicción internacional. De ahí, la idea de presentar algunos aspectos procesales de interés, con el fin de permitir una mejor comprensión del funcionamiento de la CIJ por parte de la opinión.
Procedimiento ante la CIJ. Una vez depositada una demanda de manera unilateral por un Estado, el principio del contradictorio prevé dos fases: una fase escrita, en la que la parte demandante presenta su memoria, contestada por la respectiva contramemoria de la parte demandada; seguida por un segunda ronda de alegatos (réplica y dúplica) ordenada usualmente por la CIJ si así lo disponen las partes. Esta primera fase permite aclarar posiciones, antes de pasar a la fase oral. Durante todo el proceso, cada Estado es representado oficialmente por su agente, cuyas palabras siempre son escuchadas con suma atención por los jueces de la Corte. El agente puede ser el ministro del ramo en ejercicio o un embajador, y juega un papel clave en las relaciones con la CIJ. Los equipos de los Estados son heterogéneos: asesores internacionales, consejeros, diplomáticos, juristas e historiadores nacionales, archivistas, asistentes, etc.... Una página no siempre es suficiente para incluir la lista de una delegación, sobre todo en materia de delimitación (hay que añadir cartógrafos, geólogos e ingenieros).
Hay que coordinar a todo este equipo, hacerlo trabajar, evitar que se externen disonancias o incongruencias que debiliten la posición del Estado y mantener una línea fijada por la estrategia escogida. Es uno de los papeles fundamentales del agente. Esta abundancia de recursos esconde otra realidad, más escasa: un "invisible bar of international lawyers" de una docena de juristas que litigan regularmente en La Haya y que, por su talento oratorio, sus competencias profesionales y su innegable experiencia se reparten la cartera de los litigios en la capital holandesa. Por ejemplo, para el período 1992-2002, 6 juristas (tres británicos, dos franceses y un australiano) litigaron en 19 casos de los 20 casos contenciosos que dieron lugar a una decisión de la Corte en ese período. Incluso, antiguos miembros de CIJ y de su Secretaría revistieron la toga de "consejero de la Corona", antes que la misma CIJ decidiera poner fin a esta peligrosa deriva en el 2002.
Nada al azar. El procedimiento es largo, tarda varios años (cuatro a seis, entre el depósito de la demanda y la decisión final de la Corte). Cada escrito es traducido en los dos idiomas oficiales de la CIJ (inglés y francés). Los alegatos de los Estados, escritos y orales, son redactados, discutidos en el detalle, reenviados para consulta y enmendados con sumo cuidado. Ningún párrafo, frase, palabra, coma... son dejados al azar. Por lo general la CIJ establece plazos de nueve meses para la preparación de cada pieza del procedimiento. La regla es de dos rondas de alegatos, pero los Estados añaden a menudo una tercera, sin contar las procedimientos incidentales, solicitud de medidas provisionales, o, por lo general, las excepciones preliminares presentadas en forma casi automática por la parte demandada en casos introducidos ante la CIJ sin previo consentimiento mutuo, sino mediante una demanda unilateral: al ser objetada su jurisdicción por una de las partes, el Tribunal abre entonces una nueva etapa -que se convierte en realidad en "une affaire dans une affaire" (Mohammed Bedjaoui)- para establecer las bases de su competencia, y tan solo una vez establecida, continúa analizando los méritos (o "fondo") del asunto.
Esta lentitud también se da en la parte de la misma instrucción del caso. El "delibéré" de la Corte es un trabajo largo y tedioso. Tradicionalmente basado en las notas personales de cada uno de los 15 jueces, toma varios meses, mientras se discute, se enmienda, se revisa y se adopta, así como se preparan las opiniones individuales o disidentes de algunos de los jueces. La maquinaria de La Haya produce "una justicia de lujo" (según Jean Pierre Cot). La lentitud del procedimiento, garantía de calidad, tiene también como efecto primero para las partes elevar los costos, "que pueden volverse exorbitantes para un pequeño Estado", según el mismo autor. Las reformas hechas por las CIJ en los años 1998 y 2001 para acelerar el ritmo de trabajo de la CIJ aún no permiten reducir sustancialmente los plazos.
La demanda de Costa Rica. En un artículo anterior (20 de noviembre del 2005) en esta misma página ya adelantábamos que, a diferencia de Costa Rica, Nicaragua es el país que en América Latina cuenta con la mayor experiencia en La Haya: dos controversias que llegaron a una decisión sobre el fondo contra Honduras (1960), y contra los EE. UU. (1986), una intervención ante la CIJ en la contienda Honduras-El Salvador (1992); dos demandas planteadas en 1986 sobre acciones armadas fronterizas contra sus vecinos, Costa Rica y Honduras (a las que desistió posteriormente); sin olvidar las demandas contra Honduras (1999) y Colombia (2001) actualmente pendientes de resolución. Por su parte, Costa Rica compareció en La Haya tan solo ante la demanda interpuesta por Nicaragua por acciones armadas fronterizas y transfronterizas del 28 de julio de 1986, a la que Nicaragua desistió poco más de un año después, luego que los países del área firmaran el acuerdo conocido como "Esquipulas II" de agosto de 1987. La posición de Costa Rica, parte demandada, en 1986, de aceptar de entrada la competencia de la CIJ constituyó una gran "première" en más de 28 años (cuando una demanda es presentada unilateralmente, la parte demandada aduce usualmente falta de jurisdicción de la CIJ para conocer el asunto, y abre la etapa de excepciones preliminares).
Para el diferendo que opone Costa Rica a Nicaragua relativo a los derechos de navegación en el río San Juan, Costa Rica ha nombrado como agente al embajador Édgar Ugalde Alvarez. Según lo estableció la CIJ el 29 de noviembre pasado, se fijó el plazo del 29 de agosto del 2006 para la presentación de la memoria de Costa Rica, y el 29 de mayo del 2007 para la presentación de la correspondiente contramemoria por parte de Nicaragua. Para este caso preciso, Nicaragua ha decidido constituir un equipo de juristas internacionales que no pasa inadvertido en el pequeño mundo que gravita alrededor de la justicia internacional: a la dupla Ian Brownlie (Gran Bretaña) y Alain Pellet (Francia) se han sumado el profesor Antonio Remiro Brottons (España), el profesor Stephen MacCaffrey (EE. UU.) y el jurista venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, miembro, al igual que los profesores Alain Pellet y Ian Brownlie, de la actual Comisión del Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas.
Equipo de prestigio. Notemos que el Agente nombrado por Nicaragua para este caso es el jurista nicaragüense Mauricio Herdocia Sacasa, ex titular en la CDI. Y señalemos que el profesor MacCaffrey es considerado uno de los expertos mundiales en el tema de cursos de aguas internacionales, y que, en su paso por la CDI, fue el relator del proyecto de convención sobre el uso de aguas internacionales que concluyó con la adopción de la "Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los cursos de agua internacionales con fines distintos a los de la navegación" adoptada en el marco de la ONU en diciembre de 1997 (conocida como Convención de Nueva York). Y, como si fuera poco, ya no en el equipo de juristas, sino para intentar convencer a los jueces de la CIJ de la justeza de sus argumentos y de la debilidad de los de parte adversa, Nicaragua ha designado como juez ad hoc al expresidente de la CIJ, el experimentado jurista francés Gilbert Guillaume, juez de esta misma Corte entre 1987 y 2003 y presidente de esta institución (2000-2003), que encarna la tradición de la escuela francesa del derecho internacional, dotado, además, de legendarios dones de persuasión sobre sus pares en La Haya...
El prestigio del equipo constituido, cuyos miembros son viejos conocidos del pequeño circulo de asesores de La Haya, familiarizados además con la cancillería de Nicaragua desde el histórico fallo obtenido a su favor contra EUA en 1986 (Ian Brownlie, Alian Pellet), constituye, sin lugar a dudas, un elemento que debe tomar en cuenta Costa Rica a la hora de preparar sus escritos. No cabe duda que Nicaragua está más que lista para enfrentar la demanda de Costa Rica. Y que, para argumentar ante una batería de semejante calibre, será menester armarse de argumentos de una gran solidez, aunada a un equipo de juristas con gran experiencia y alto poder de convencimiento. Todo ello para intentar obtener una decisión favorable en La Haya. Tratándose del más prestigioso recinto de la justicia internacional, ante la cual los Estados comparecientes no escatiman en recursos financieros y humanos para salir bien librados, es un ardua labor la que espera a la próxima administración y al equipo que dirige el embajador Édgar Ugalde Álvarez.
