La Contraloría ordenó al ministro de Transportes, Randall Quirós, sobre Alterra y el aeropuerto, que deben reanudar las obras sin condiciones, en un plazo de 10 días, o exponerse a las sanciones del caso. Se ordenó en el oficio del órgano contralor del 24 de noviembre del 2005, al intentar el Ministro ampliar el plazo y establecer como condición la firma de un addéndum al contrato (cambio total e ilegal). Se ratificó en el oficio FOE-OP-0697 del 13-12-05, en que la Contraloría dice que el "memorando de entendimiento" que otorga sobreprecios a Alterra "no tiene validez jurídica para efecto de modificación contractual".
Los contratos públicos se celebran mediante concurso y no pueden ser modificados al gusto de los funcionarios pues manejan fondos públicos y no propios. Si disponen ilegalmente de ellos, incurren en responsabilidades penales. Con mayor razón en este caso, donde Alterra (gestor) es solo un colaborador de la administración. Los únicos cambios admisibles en los precios tope cotizados son los señalados en el contrato para conservar el equilibrio financiero, si ocurren las causales previstas, procedimiento que no ha intentado seguir el contratista al carecer de razón. Veamos por qué.
Ingresos de capital: Alterra y los bancos han dicho que se han desembolsado $90 millones del préstamo. Asimismo, el gestor debe poner $30 millones de capital propio. Así que ha dispuesto por esas vías de $20 millones. Sobre ellos hay egresos válidos de $60 millones, constituidos por $37 millones de las obras realizadas, $5,1 millones de expropiaciones, $3,4 millones de gastos de organización y 14,5 millones de pago al Gobierno por las instalaciones hechas por él. Por tanto, le sobran $60 millones.
Ingresos de operación: hasta el 30 de junio del 2005, según certificación expedida por el fiduciario, a Alterra le han ingresado $85 millones como su parte en los ingresos del aeropuerto. Deduciendo de este ingreso $23 millones cotizados como precio tope por gastos de operación y mantenimiento (O&M) durante estos 4 años, le quedan $62 millones; restados los gastos financieros (aún no debidamente establecidos), que rondan $22 millones, daría un remanente de unos $40 millones.
Así que el sobrante de ingresos es del orden de $100 millones, lo que resulta más que suficiente para las obras faltantes, valoradas por Alterra en $37 millones y algún otro gasto legítimo que no se haya considerado. No obstante, Alterra adujo que, para continuar las obras, requería el giro de $30 millones adicionales por los bancos. Es claro que con los $100 millones disponibles se terminan las obras y le sobran $63 millones. ¡Todo en dólares! Es evidente, entonces: a) que los sobreprecios en obras, en gastos de O&M y en organización son ganancias ocultas por gastos inflados, que no se justifican como inversión o gasto; b) que quieren escamotear su obligación de aportar $30 millones de capital; c) que todo ello se lo quieren pasar al usuario, como cargas indebidas e ilegales, o al Cetac, quitándole lo que le corresponde y necesita para obras urgentes en beneficio del turismo en sitios claves como Liberia; d) que, tal como ha confesado públicamente el señor Aguileta, de Alterra, siempre han dispuesto del dinero necesario para terminar las obras, como queda demostrado. Incluso admitió que no hubo motivo para suspender las obras durante 3 años. La orden de la Contraloría es clara y debe cumplirse. El addendum que regalaría a Alterra unos $150 millones en el curso de un contrato cambiado y ampliado, además de ser ilegal, sería un grave desacato a lo ordenado por el órgano contralor. Felicitamos a la señora Contralora por hacer que respeten la ley quienes se creen por encima de ella. Esto devuelve la confianza en el sistema. ¡Alguien por fin vela por los intereses del país!
Rodolfo Silva, Guillermo Constenla, Rodrigo Cuesta, Otto Escalante, Manuel Saénz, Mauricio Gutiérrez, Juan José Sobrado