Alterra ha pretendido, con el addendum que la Contraloría rechazó, que en Costa Rica no rigen la ley ni la Constitución, que los contratos y las licitaciones públicas no tienen ningún valor y que los puede cambiar según le convenga, mediante negociaciones políticas.
Desde hace más de 3 años, cuando paró los trabajos del aeropuerto Santamaría para presionar concesiones inaceptables, ha venido tratando de evadir el cumplimiento del contrato que firmó y reemplazarlo por un "modelo de proyecciones financieras" que no tiene valor legal, elaborado cada año por Alterra según sus propias, caprichosas cifras, con sobreprecios a su antojo en vez de los precios tope que establece el contrato.
La Contraloría le ha dicho que no en múltiples ocasiones, porque tal cambio contraviene la ley y el contrato. Las autoridades del Cetac y el ministro de Transportes debieron, desde hace mucho tiempo, haber aplicado al contratista las sanciones y multas del caso, además de cumplir con la orden de corregir las tarifas ilegales aprobadas en el 2002, desacato por el cual fueron, incluso, referidos al Ministerio Público. A fines del 2005, precisamente ante la inacción y complacencia de dichas autoridades, la contralora general, Rocío Aguilar, en actitud que refleja su compromiso con la institución que dirige, ordenó a Alterra reanudar de inmediato y sin condiciones las obras paralizadas.
Más ilícito. Persistiendo en su rebeldía, en consuno con el ministro Randall Quirós y el Cetac -excepto 4 de sus miembros que renunciaron ante el atropello- Alterra condicionó dicha reanudación a que se le aceptase un addendum para cambiar el contrato a su favor y recetarse además otros beneficios ilegales. La tónica de Alterra ha sido: si lo que queremos viola el contrato, pues ¡cambiemos entonces el contrato!, como si eso no fuera aún más ilícito.
De ahí que a la Contraloría no le quedara más camino que rechazar el tal addendum. Y dado que el supuesto desequilibrio financiero alegado surge del cambio ilegal de cifras, de los sobreprecios y de costos no contemplados, es obvio que ni es justificable ni hay manera de justificarlo con agregaditos imposibles al texto, por lo que no se puede seguir perdiendo más tiempo -ya se han perdido 3 años, con gran perjuicio del país-. Ha llegado el momento en que las autoridades adviertan a Alterra que cumpla o se vaya.
Innecesario. Si Alterra no quiere construir las obras conforme al contrato, su papel se vuelve el de simple e innecesario administrador y coordinador de operaciones, pagado con los tributos de los usuarios.
Los servicios importantes (control de tráfico aéreo, seguridad, aduanas, migración, control fitosanitario) los presta y paga el Gobierno. Las obras faltantes, estimadas en $37 millones, las puede licitar el Estado con los ingresos del aeropuerto de un solo año (se estiman en $50 millones anuales). Ya se hizo con la terminal de pasajeros, que el Estado financió y diseñaron y construyeron empresas costarricenses entre 1997 y el 2000.
Consideramos que ya ha transcurrido demasiado tiempo, y que las autoridades respectivas -como ya lo está haciendo la Contraloría- deben tomar cartas en el asunto, incluyendo la Asamblea Legislativa, y sentar responsabilidades a la empresa y a los funcionarios encargados por lo que han pretendido con ese addendum, que habría tenido un costo para el país, en daños actuales y futuros, de más de $100 millones adicionales.
Nada menos que se ha tratado de regalar a Alterra un dineral de los contribuyentes -para colmo- en un momento de crisis cuando se piden al pueblo nuevos sacrificios tributarios.
Rodolfo Silva, Guillermo Constenla, Manuel Sáenz Herrero, Otto Escalante, Mauricio Gutiérrez, Rodrigo Cuesta, Juan José Sobrado.