Alterra trata de contradecir lo afirmado por los suscritos, y su vocero Aguileta desinforma con sofismas y falacias, evadiendo el problema medular: la paralización injustificable de las obras del aeropuerto por casi 3 años y el exorbitante e ilegal aumento de costos.
Dice Aguileta: "Los $3,4 millones no son parte de los precios firmes e incondicionales"(tope). Debería saber que, por naturaleza y por disposición del Art. 20 de la Ley de contratación administrativa, todos los precios cotizados en una licitación pública son definitivos,firmes e incondicionales, y no admiten más cambios que los previstos en el cartel o en las leyes de reajuste. Así lo aceptó el Gestor en su oferta, so pena de ser descalificado. Si los precios pudieran cambiarse al antojo, no habría licitación pública, sino contratación libre y directa, prohibida como regla esencial del ordenamiento constitucional y legal. Tan no han ocurrido las causales de revisión de precios previstas en el contrato que ni Alterra las ha alegado. Es ilegal cobrar $21 millones por gastos de desarrollo, como quiere Alterra, pese a que los ofertó en $3,4 millones.
Un puente menos. Añade: "En la adenda el nivel de ingresos para el Gobierno y Alterra es similar a los términos de financiamiento del 2001", pero oculta que esos términos no son parte del contrato refrendado por la Contraloría, e inventa otro "contrato" que pretende fundar en actos ilegales del CETAC basados en un "modelo de proyecciones financieras" que todo lo cambia, pero no conforma derecho. A ese supuesto contrato, que pretende una nueva relación, se refiere Aguileta cuando acusa al Estado de incumplimiento. Pero fue Alterra quien violó el contrato refrendado al paralizar las obras en mayo del 2003, con el pretexto de un déficit financiero autofabricado al aumentar los precios y atrasar las obras, por las que pagaron a sus socios $82,9 millones, pero solo valen $37 millones. El mismo Aguileta ha reconocido públicamente que "siempre tuvieron los fondos necesarios para continuar las obras". A pesar de la danza de millones, ahora funciona un puente de abordaje menos que cuando el Gobierno puso el aeropuerto en manos de Alterra en mayo del 2001.
Agrega que el precio cotizado por Alterra "es firme e incondicional y no se ha modificado ni se modificará, cualquier aumento... es responsabilidad de Alterra... Ni el Gobierno ni los usuarios pagarán sobreprecios".Clara contradicción, pues Alterra ya los está cobrandopor encima de lo ofertado y recibiría más si se aprueba el addendum. Para muestra basta un botón:uno solo de los reclamos presentados por Alterra asciende a ¡$79 millones adicionales! Afirmar que ni usuarios ni Gobierno pagarán más es un simple juego de palabras: Alterra obtendría una mayor proporción de los ingresos del aeropuerto -que son impuestos y tasas pagados por los usuarios-, y además pretende precisamente manejar el aeropuerto y recibir sus ingresos hasta el año 2026, aunque dice que lo hace a ruego del Gobierno.
Ilegal excedente. Pregunta Aguileta, "en cuanto a pagos ilegales a Alterra por encima de lo pactado, ¿de dónde sale la cifra de $150 millones?". Basta sumar los sobreprecios del contrato modificado, $18 millones de excedente ilegal en gastos de desarrollo, $37 millones de mayor costo de operación y mantenimiento en los primeros 4 años, aumento de $ 46 millones en costo de las obras (hasta 2003), exceso en costos financieros, reclamos y arbitrajes, $21 millones en comisiones a su socio TBI-AGI, todo proyectado a 20 años, fácilmente alcanza esa cifra.
Dice: "la estructura del contrato no se modifica con el addendum y el Estado no asume ningún riesgo, solo recibe ingresos". Evidente falacia pues Alterra pretende el 80% de los ingresos del aeropuerto hasta el 2016. Y el costo de oportunidad y los riesgos que asumiría el Gobierno, ¿dónde quedan? La naturaleza del contrato cambia al permitir que el Gestor determine sus costos, aprobados por... ¡sus propios auditores!, y no según los precios ofertados. Cambia de precios tope a costo más utilidades. O sea, prebendas ilegales para Alterra y serias limitaciones para el país y su desarrollo aeroportuario. El Gobierno dejaría de percibir ingresos en los próximos años, que son cruciales para desarrollar los aeropuertos de Liberia, Limón y Orotina, como ya sucedió en el 2001, cuando el presidente Rodríguez difirió graciosamente, por solicitud de Bechtel, el pago de $12,4 millones que debía hacer Alterra al Gobierno. Es Alterra contra Alterra. Su contrato y sus hechos la desmienten.
Rodolfo Silva, Guillermo Constenla, Manuel Sáenz, Otto Escalante, Rodrigo Cuesta, Carlos Víquez, Mauricio Gutiérrez, Roxana Salazar, Javier Solís, Mario Barrenechea, Leonor Antillón, Emilia González, Miguel Sobrado, Juan José Sobrado, Kattia Martín.