Los servicios estatales son cada vez más deficientes y onerosos. Día a día es mayor el porcentaje del presupuesto nacional que se financia con nuevos préstamos. La deuda pública, como porcentaje del PIB, crece sin control año con año.
De no producirse transformaciones institucionales importantes que introduzcan los controles de impacto y la rendición de cuentas, en los próximos seis años el Estado no podrá pagar sus obligaciones. Los pensionados de los fondos "de reparto", aunque hayan cotizado toda la vida, serán los primeros afectados al reducirse sus pensiones, como sucedió en Chile, Uruguay y Argentina. Les acompañaran en la desgracia miles de empleados públicos despedidos de los programas estatales y servicios sociales clausurados. Posteriormente, después de unas privatizaciones aceleradas "para salvar al país", volverá a crecer la deuda, los fondos de pensiones de la Caja se tambalearán y el país podría llegar a vivir una debacle como la argentina.
Estado sin controles. Este panorama no es ficticio, es el destino hacia el que nos conduce un Estado sin controles por carecer, entre otras cosas, de una evaluación de impacto de su quehacer, base de la participación ciudadana y de la rendición efectiva de cuentas. Un Estado sin división efectiva de poderes, donde los diputados, en vez de legislar, administran las placas de taxis, los bonos de vivienda, los puentes y las alcantarillas. Todo promovido por el poder ejecutivo a cambio de que le aprueben el presupuesto y sus proyectos sin discusiones. Una Contraloría presa de reglamentos y normativas y alejada cada vez más de los controles sustantivos. Un Poder Judicial cada vez con más "delegados" de la cúpula política que ha contribuido a mantener en la impunidad a los autores intelectuales de los grandes desfalcos que ha sufrido la hacienda pública. Un Poder Ejecutivo carente de controles efectivos.
Todo este caos, que nos conduce al despeñadero por el camino de la corrupción, no se puede superar solo con protestas o denuncias, sino que requiere propuestas operativas muy concretas, que nos permitan salir del atolladero. Estas propuestas no pueden limitarse a "reducir a la mitad los embajadores", a "exigir a los diputados no viajar en carro o al exterior con fondos públicos", cambiar todo de una vez por todas con una constituyente o "eliminar la politiquería" solo con un cambio de personas. Las transformaciones necesarias no se pueden realizar en un solo paquete de "una vez por todas" ni con medidas paliativas que solo aparente y temporalmente alivian el problema, pero que no actúan sobre las verdaderas causas.
Procesos de cambio. Las transformaciones solo se logran cuando se ponen en marcha cambios, que pueden ser pequeños, pero que generan procesos acumulativos irreversibles. Estas transformaciones pueden darse en varios niveles, pero existe una que, creo, es fundamental: la evaluación de impacto anual, con auditoría ciudadana, en julio, de todos los programas y proyectos públicos. Sin evaluación de impacto (no confundir con evaluación por metas, que frecuentemente no tienen relación con los propósitos) los diputados no tienen criterio para aprobar o improbar presupuestos y controlar al ejecutivo. Sin la evaluación no es posible una efectiva rendición de cuentas ni participación y control ciudadano.
Pienso que, de cara a la segunda ronda electoral, para quienes deseamos el cambio institucional solo tiene sentido votar si los candidatos adquieren compromisos claros, con garantes de la sociedad civil. De otra forma, es mejor manifestar la disconformidad con el abstencionismo.
Cuatro compromisos. En mi opinión, dentro de los principales compromisos que deben asumir los candidatos, para que sus intenciones de reforma tengan credibilidad, están:
Definición expresa del Ejecutivo de instaurar la evaluación de impacto, con supervisión de las universidades públicas a través del "Estado de la nación", en toda la administración pública.
Promover la reforma del reglamento de la Contraloría para eliminar procedimientos innecesarios y priorizar el control en la evaluación de impacto de los programas.
Enviar a la Asamblea las reformas básicas para que esta controle el Ejecutivo y el poder Judicial y, a su vez, el Ejecutivo pueda disolver la Asamblea y convocar a elecciones.
Anunciar los nombres de quienes integrarán el gabinete para que sepamos quiénes serán los responsables del manejo del Ejecutivo.
Si hay compromiso con estas medidas, podríamos pensar que las propuestas económicas, ambientales y sociales del nuevo gobierno tienen viabilidad; si no hay respuesta, abstenerse de votar sería la única opción.