La decisión la tomó el lunes el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que integran el presidente Porfirio Lobo, los ministros de Defensa y de Seguridad, y los directores de las cárceles, quienes definieron “un plan estratégico” de seguridad.
El reforzamiento se pondrá en vigencia después de que el sábado un enfrentamiento entre pandillas en la Penitenciaría Nacional de Támara –20 km al norte de Tegucigalpa– causó la muerte de seis miembros de la mara 18 y heridas a seis reos más.
Asimismo, se adopta después de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que calificó como “deshumanizado, paupérrimo y corrupto” el sistema carcelario del país, y criticó al Estado por dejar que los internos ejerzan el “autogobierno” en las prisiones.
El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, puntualizó que militares y policías tomarán el control de los centros penitenciarios de Támara y San Pedro Sula –240 km al norte– desde hoy y durante un periodo de 90 días.
Anillos de seguridad. “A partir del día de mañana (martes) existirán dos controles de seguridad en los centros penitenciarios de Támara y San Pedro Sula (con 2.844 y 2.200 presos, respectivamente) y posteriormente en los otros centros del país”, anunció.
El plan consiste en el establecimiento de dos anillos de seguridad en ambos penales, donde todas las personas serán sometidas a rigurosos registros hasta con rayos X.
“En el primer anillo, sea quien sea, desde el director de centros penitenciarios, un custodio, un visitante o una autoridad”, deberá someterse a un registro ineludible, manifestó el funcionario.
El segundo estará integrado por los custodios de las cárceles que han tenido a su cargo la seguridad, pero serán sometidos a exámenes “de rigor” para prevenir que no se presten al ingreso de armas y drogas. Habrá una fuerza de seguridad masculina y una femenina para el registro de hombres y mujeres.
El director de prisiones, Simeón Flores, reconoció que en el enfrentamiento en la cárcel de Támara, los reclusos usaron fusiles de asalto AK-47 y al menos tres granadas.
Según Flores, la posesión de tales armas refleja los niveles de corrupción imperantes en el sistema penitenciario hondureño.
La víspera del incidente, el viernes pasado, la relatoría de los privados de libertad de la CIDH había entregado a Lobo un informe según el cual el principal problema de las cárceles de Honduras es el “autogobierno” cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal.
El documento señaló que ese “autogobierno” deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes. También dijo que existe una sobrepoblación mayor a 40% en las 24 cárceles donde hay 12.300 presos en condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reos por categorías de delitos.
