UCR anuncia decisión sobre salarios de funcionarios suspendidos por caso del Ciclotrón
Fiscalía ordenó detención de dos personas en febrero por hechos que habrían ocurrido entre el 2017 y 2020, cuando lod implicados supervisaron y aprobaron la infraestructura del laboratorio
22/01/2025 San Pedro. Universidad de Costa Rica (UCR), recorrido por el campus universitario. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados
La Universidad de Costa Rica (UCR) informó de cómo procedió con dosfuncionarios de apellidos Cotter Murillo y Soto Retana, quienes fueron detenidos temporalmente en febrero durante allanamientos relacionados con un supuesto delito de falsedad en la recepción del edificio del Ciclotrón.
Luego de una consulta de La Nación, la Rectoría contestó que, tras la imposición de medidas cautelares por parte del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, la UCR ordenó la suspensión del cargo sin goce de salario de Cotter Murillo y Soto Retana.
La disposición se mantendrá durante todo el proceso penal y hasta la finalización de un eventual debate judicial, agregó la oficina de prensa.
¿Qué es el ciclotrón?
El Ciclotrón es un laboratorio utilizado para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de padecimientos con una alta incidencia en el país, especialmente de cáncer y enfermedades cardiovasculares.
Los funcionarios investigados habrían supervisado y aprobado la infraestructura, en apariencia, sin una inspección adecuada.
Antes de la suspensión, los dos se desempeñaban en la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) de la UCR.
Autoridades judiciales allanaron en febrero el Laboratorio Ciclotrón de la UCR, financiado con fondos del Banco Mundial. Foto: (corte/Cortesía)
Detenciones y allanamientos
Tal y como informó este medio el 5 de febrero, las detenciones de los funcionarios se dieron durante siete allanamientos en cinco oficinas de la Universidad de Costa Rica, así como en la constructora Navarro y Avilés y en las viviendas de los imputados.
La empresa constructora allanada se encargó del diseño y la edificación. Sin embargo, la Fiscalía presume que los funcionarios omitieron la inspección de la obra y la dieron por recibida a satisfacción.
El Ministerio Público investiga si esta situación derivó en un pago indebido de $2,4 millones y €5,1 millones. El caso se tramita bajo el expediente 24-000192-1218-PE, detalló La Nación.
Llamado de atención para Cotter Murillo en el 2020
Cotter Murillo, uno de los dos investigados por el caso del Ciclotrón, también fue señalado por la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) de la UCR en el 2020 porque, supuestamente, habría faltado el deber de vigilancia en relación con la construcción del edificio de Nanociencias del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA). Así lo advirtió la OCU a Carlos Araya Leandro, rector en transición en ese momento.
En esa ocasión, Araya, actual rector de la UCR, solicitó le envió un oficio a Cotter informándole de que le hacía una llamada de atención, que consideraba suficiente, y procedió a archivar el expediente.
“Pues estoy en rectoría ocho meses (en el 2020), de manera transitoria y me toca resolver a mí. Era el primer informe que se conocía, no había ningún indicio del que hubiese nada más; el funcionario Cotter Murillo nunca había sido sancionado anteriormente. Envié el caso a la Junta de Relaciones Laborales pidiéndole una llamada de atención con copia al expediente del señor Cotter Murillo”, comentó el jerarca a este medio.
Agregó que actuó conforme a lo recomendado por la asesoría jurídica.
Otros edificios de la UCR con supuestas irregularidades
Recientemente, el Consejo Universitario (CU) de la UCR presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la construcción de cuatro edificios. Se trata del inmueble para el Ciclotrón, el edificio para la Escuela de Artes Musicales, la estructura para el INIFAR y el edificio de Aulas y Laboratorios de la sede regional del Atlántico. Todos fueron construidos como parte del Programa de Mejoramiento Institucional con fondos de un préstamo del Banco Mundial.
Un informe (OCU-167-2025) de la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) de la Universidad de Costa Rica reveló vicios ocultos y problemas de diseño en estas cuatro edificaciones.
