El fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, decidió trasladar a Cartago al jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Anticorrupción y Tributarios, Warner Molina Ruiz.
Según confirmó el departamento de Prensa del Poder Judicial, la decisión se tomó desde hace varias semanas.
Fabián Barrantes, jefe de prensa, explicó que el cambio se produjo porque Dall’Anese considera necesaria la presencia, en San José, de la fiscal Patricia Cordero Vargas, actual fiscal adjunta de Cartago, y quien funge como fiscal general subrogante (persona que sustituye al fiscal general cuando se ausenta).
De esa forma, según explicó Barrantes, Molina ocupará el cargo de Cordero en Cartago y ella asumirá la jefatura de Delitos Económicos, Anticorrupción y Tributarios.
Cordero, con 26 años de experiencia, funge como fiscal general subrogante desde el 15 de mayo. Su nombramiento está vigente hasta el 15 de mayo del próximo año.
Fuga. La salida de Molina se produce luego de que, en los últimos cuatro meses, seis fiscales de la Fiscalía a su cargo renunciaron o pidieron traslado.
Según confirmó este diario, los fiscales Carlos Morales y Cris González, quienes iniciaron la investigación por el caso ICE-Alcatel, también dejaron la Fiscalía.
Greisa Barrientos, quien era su fiscal coordinadora, fue trasladada como fiscal auxiliar en la Fiscalía General de la República.
También renunció Yara Esquivel, fiscal que dirigió, desde un inicio, la investigación por el caso CCSS-Fischel. Además, renunciaron los fiscales Franklin Vargas y Rodrigo Cordero.
Ayer, La Nación se intentó comunicar con el fiscal Molina para ahondar en las razones de su traslado, pero no respondió un mensaje dejado en su oficina.
Según confirmó Barrantes, el intercambio de puestos será efectivo a partir del primer día hábil de enero del próximo año.
Casos delicados. La Fiscalía de Delitos Económicos tiene a su cargo las investigaciones contra los expresidentes de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez, por los casos Caja-Fischel e ICE-Alcatel.
Esa sección también investiga el destino del dinero pagado de más por el Instituto Nacional de Seguros (INS) a la corredora de reaseguros inglesa PWS y los giros que esa empresa hizo a una sociedad panameña en la que el expresidente Rodríguez recibía dineros del exterior.
Allí también está pendiente una investigación en la que figura como sospechoso el actual alcalde de San José, Johnny Araya.
El caso tiene que ver con una planilla firmada por la exgerente financiera de la empresa de origen canadiense EBI, en la cual se desglosan supuestos pagos al alcalde Araya y a exregidores de la Municipalidad de San José.
