En tanto, los arreglos voluntarios (cuando ambas partes, trabajador y patrono, espontáneamente acuden al Ministerio para lograr un acuerdo en temas de derechos laborales), pasaron de 1.794 un año antes del cambio, a 1.998 doce meses después (un repunte del 11%).

Los Juzgados de Trabajo, por su parte, registraron 125 conciliaciones el año pasado y durante el primer semestre de este año ya iban por 154.

Además, según el ministro de Trabajo, Steven Núñez, “en lo que respecta a consultas y asesorías previo a la reforma, (en el Ministerio de Trabajo) se tardaba un mes aproximadamente, ahorita estamos atendiendo ese servicio de consulta y asesoría en 12 días, lo cual representa una disminución considerable”, explicó.

Precisamente, uno de los objetivos de la Reforma Procesal Laboral, vigente desde el 25 de julio del 2017, era reducir los tiempos para dirimir conflictos entre trabajadores y patronos.

El Poder Judicial registra que entre enero y julio de 2017, entraron 17.635 expedientes nuevos y se terminaron 41.865 (casos nuevos y en fila), con una duración promedio de 17 meses y dos semanas.

En cambio, entre el 26 de julio y el 31 de diciembre de 2017, los juzgados, los tribunales y la Sala Segunda recibieron 14.115 expedientes nuevos y de esos se finiquitaron 2.042, con una duración promedio de un mes y una semana.

Para este año, entre enero y junio ingresaron 17.164 casos nuevos; en ese mismo periodo se finalizaron 18.448, de ellos; 7.072 eran asuntos que llegaron con la reforma, con una duración promedio de cuatro meses; y 11.376 eran del circulante anterior, con una duración promedio de 22 meses y dos semanas.

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Para Diana Montero, jefa a.i. de la Defensa Pública, otro aspecto trascendental ha sido la posibilidad con la que cuentan los trabajadores que sufren discriminación o que ganan menos de ¢852.400 al mes (dos salarios base), de contar con la asesoría de un abogado de asistencia social.

“Antes del 25 de julio del 2017 (cuando entró en vigencia la reforma), los trabajadores tenían una serie de derechos sustantivos que podían reclamar, como el pago de aguinaldo, horas extra, el respeto a los horarios, condiciones de seguridad en sus lugares de trabajo, etc.; pero no tenían una auxilio técnico que les permitiera contar con una asesoría para plantear esos reclamos de manera correcta.

"El trabajador iba al Juzgado y a viva voz expresaba cuáles eran sus situaciones, los hechos, y cuáles eran sus reclamos y les tomaban una acta. De esa forma gestionaba su proceso. Si tenía que ir a una audiencia tenía que hacerlo solo, sin ningún patrocinio letrado, en contraposición del patrono que iba asesorado por su abogado. Entonces eso implicaba una desventaja”, explicó Montero.

Desde la reforma y hasta el primer trimestre de este año, 55.000 trabajadores solicitaron ese servicio gratuito y 32.000 de ellos contaron con la asesoría porque sí cumplían con los requisitos.

Hasta marzo de este año, lograron establecer 15.979 demandas.

2.785 de esos fueron casos relacionados con la seguridad social (como riesgos laborales); 11.485 fueron procesos ordinarios (pagos de horas extra, por ejemplo); 1.677 procesos especiales (mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas que sufrieron discriminación), y 32 casos por infracciones a la ley de trabajo (cuando en el sitio donde se desempeñan las funciones no se cuenta con implementos como extintores, planes de evacuación o salidas de emergencia).

Solo el 9% de ese total (1.437 aproximadamente), llegaron a un juicio y tuvieron una sentencia

El año pasado, según Montero, el 80% de las personas que acudieron a la Defensa Pública lograron conciliación previa, mientras que en lo que va de este 2018 lo ha hecho el 70%.

“El abogado de asistencia social llama al patrono, se comunica con él y le dice: ‘mire, es que aquí tengo un trabajador que laboró con usted y dice que no le pagó horas extra, entonces tenemos interés en saber si usted quiere llegar a una conciliación’; si le dice que sí, entonces se llega a ese arreglo", detalló Montero.

Actualmente la Defensa Pública cuenta con 72 abogados.

“Las plazas no son inamovibles, están distribuidas conforme los números revelan dónde se requieren. Cuando empezamos, por ejemplo, había 20 plazas en San José y ahora hay 15, porque se han movido a atender otros distritos judiciales, por ejemplo a Limón y a Puntarenas, donde hay una gran necesidad de recurso”, explicó Montero.

Cambio de mentalidad

Eric Briones, doctor en Derecho Laboral, recalcó que gracias a esta reforma todos los trabajadores y patronos, ganaron en seguridad jurídica.

“Significa que ahora todas las personas van a saber a qué atenerse, entonces ahora en cada procedimiento se da la posibilidad de conciliar con el fin de que se cumpla el principio constitucional de la justicia pronta y cumplida, en donde todas las partes pueden resolver sus problemas sin necesidad de ir a un juicio”, comentó.

Julia Varela, coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, a cargo del proyecto de implementación de la reforma, comentó que el aumento de los juicios laborales fue mínimo (aunque no precisó el dato); pero a pesar de esto, según ella, la reforma fomentó un cambio de actitud en los empleadores, porque saben que ya los trabajadores no están solos.

“Ahora hay un equilibrio de fuerzas que genera una concientización del empleador, que se da cuenta que es mejor resolverlo vía conciliación previa o interproceso, que esperar a una sentencia donde le pueda resultar más gasto”, comentó.

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Varela, señaló, eso sí, que un reto ahora es dar abasto con los defensores públicos que se cuentan y en un futuro, ampliar esa oferta y la capacidad de respuesta.

Diana Montero, de la Defensa Pública, considera, por el contrario, que hasta el momento el personal con el que cuentan es suficiente. Para ella, los objetivos deben enfocarse en garantizar la calidad del servicio que brindan a la población.

“Los retos son muchos. Nosotros tenemos que mantener ese servicio de calidad que hemos venido brindando, tenemos que crecer conforme se vayan presentando las necesidades de servicio, y lograr siempre que el usuario salga satisfecho”, comentó.

Laura Navarrete, especialista en Derecho Laboral de EY Law, también estima como un gran reto el fortalecimiento de la Defensa Pública.

“El Código de Trabajo establece que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), también debería tener una defensa pública para los trabajadores menores de edad y eso todavía no se ha implementado”, comentó.

Además, Navarrete aseguró que se debe fomentar un cambio de mentalidad de los empleadores.

“Para que todos los requisitos que ponen las empresas para contratación respondan a razones efectivas y directamente relacionadas con el puesto, que se conviertan en empresas objetivas que toman decisiones con fundamentos técnicos y no por criterios subjetivos”, señaló.

Por último, el ministro de Trabajo, Steven Núñez, también encuentra oportunidades de mejora, incluso desde la institución que comanda.

“Nuestro principal reto es seguir facilitando y acercando los servicios del Ministerio a los trabajadores (…) Ese es un nuevo reto y precisamente por eso vamos a implementar la ventanilla electrónica con el fin de agilizar los procesos", comentó.