El Ministerio de Vivienda fracasó en erradicar los precarios más populosos del país. En los últimos cuatro años, las mejoras en dichas comunidades fueron ínfimas o no pasaron de promesas, reuniones y trámites burocráticos.
En los 12 precarios de Alajuelita, San José, donde viven 3.000 familias en condiciones insalubres y de hacinamiento, únicamente se ejecutó un proyecto de vivienda que benefició a 17 familias.
En La Carpio –La Uruca, San José–, un precario que existe desde hace 16 años, viven 5.000 familias y allí no se desarrolló ningún proyecto habitacional en este Gobierno.
Las acciones en Pavas, San José, también fueron limitadas. Pese a que allí hay 3.500 familias viviendo en 15 precarios, solo se desarrolló un proyecto en beneficio de 52 familias de Rincón Grande.
Clara Zomer, ministra de Vivienda, reconoció que los trabajos en estas comunidades fueron insuficientes y alegó carencia de dinero y terrenos para urbanizar.
Según la funcionaria, la mejora de viviendas en Alajuelita, La Carpio y Pavas debe ser una “prioridad” en el próximo Gobierno.
El último diagnóstico elaborado por el ministerio del ramo sobre asentamientos en condición de precario y tugurio se publicó en setiembre del 2008. Entonces se registraban en Costa Rica 340 barriadas con tales características en las cuales habitaban 41.800 familias.
Desde esa fecha hasta ahora se han desarrollado 76 proyectos habitacionales de interés social.
Tales obras beneficiaron a alrededor de 11.000 familias y se ejecutaron bajo la gestión de Clara Zomer, quien asumió el Ministerio el 20 de agosto del 2008, en sustitución de Fernando Zumabo.
Antes de la llegada de Zomer, se habían ejecutado 16 proyectos que favorecieron a 1.000 familias.
Contracorriente. Vecinos y líderes de las tres comunidades criticaron la falta de compromiso del Gobierno Arias-Sánchez.
Fermín Salgado, presidente de la Asociación Pro Vivienda Los Pinos (Alajuelita), dijo que el Ministerio, además de no generar soluciones habitacionales, frena iniciativas ciudadanas en esa materia.
Como ejemplo citó el proyecto El Guarial, el cual consiste en edificar condominios de interés social para dar vivienda a 560 familias.
Dicho plan, que promueve la asociación de vecinos, está en estudio en el Banco Hipotecario de Vivienda, pero la ministra Zomer indicó que debía reformularse debido al gran costo que representa: unos ¢10.528 millones.
En el caso de Pavas, el malestar se origina en que en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció como meta dar 2.066 soluciones de vivienda a la comunidad, pero la cifra de bonos apenas alcanzó los 171.
Zomer aceptó que en Pavas se crearon más expectativas de las que se podían cumplir y afirmó que en esa comunidad la intervención debe ser con el bono comunal.
Esta modalidad consiste en mejorar la infraestructura de las barriadas: aceras, calles, parques.
Ya hay un proyecto de ese tipo aprobado para desarrollar en Finca San Juan, el cual beneficiaría a 357 familias.
Por su parte, Claudio Quesada, presidente del Consejo Comunal de Desarrollo de La Carpio manifestó que cuando hay campaña electoral las promesas sobran, pero que luego los políticos se desaparecen.
Ayer, Vivienda y la municipalidad de San José firmaron una carta de compromiso para iniciar una intervención en La Carpio, con base en una propuesta de la Fundación Promotora de Vivienda, la cual incluye el bono comunal.