Vecinos de La Unión, en Cartago, demandaron al Estado y a la Comisión Nacional de Emergencias para exigir que se atienda la situación en el cauce de río Chiquito, pues temen que un taponamiento en el sector provoque deslizamientos que afecten sus viviendas.
La demanda, presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo el pasado 24 de junio, indica que existe "un deslizamiento en el estrecho valle de ese río" y que afecta la margen derecha. Agrega que en el sitio se está generando represamiento donde "se acumula agua, lodo, restos de vegetación y bloques de roca".
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Al mismo tiempo, los lugareños presentaron una demanda en contra de la empresa Hacienda San Rafael S.A, que posee permisos para explotar 20 hectáreas adyacentes al río para extraer material rocoso y aliviar el tapón.
Según el abogado Walter Brenes, representante de los vecinos, afirmó que "la ruptura del taponamiento" podría ocasionar una avalancha de lodo y bloques que afectaría a las comunidades que se ubican aguas abajo.
Según un comunicado de prensa enviado por los demandantes, desde el 2011 el Departamento de Prevención y Mitigación de la CNE envió un informe escrito a la Municipalidad de La Unión, luego de realizar una inspección in situ para valorar el deslizamiento activo que se encuentra en la margen derecha del río Chiquito.
"Casi seis años después la Comisión todavía permanece cruzada de brazos, sin tomar medidas preventivas antes de que ocurra alguna desgracia", añadió el abogado.
Entre las peticiones de los vecinos se incluye el monitoreo constante tanto de la tierra como del río, además construir accesos al área crítica para limpiar los bloques del cauce, desarrollar obras de drenaje para manejar aguas pluviales y extraer materiales en la parte superior del río para reducir la presión.
De acuerdo con el representante de los vecinos, estudios geológicos indican que una avalancha en el río Chiquito podría llegar hasta unos 800 metros del centro de Tres Ríos, afectando a miles de familias.
Al respecto, Eduardo Mora, jefe de asesoría legal de la CNE, manifestó a La Nación: "Efectivamente, fuimos notificados tanto de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, como de una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo. Ambos fueron contestados en tiempo. Por tratarse de asuntos que se encuentran pendientes de resolución judicial definitiva, no podemos dar más información hasta que el despacho judicial resuelva".
Sin fondos
A inicios de mes, el alcalde de La Unión, Luis Carlos Villalobos, explicó que ni la Municipalidad, ni la CNE, ni el Estado tienen los recursos por más de ¢1.200 millones que se requieren para remover el material inestable en el sector del río Chiquito.
En esa ocasión se dio a conocer que se le otorgó el permiso a la empresa Hacienda San Rafael para extraer material; sin embargo, los vecinos aseguran que esos permisos se dieron sin estudios de suelos y sin la autorización del Ministerio de Salud.
El alcalde indicó que se conformará una comisión para analizar el riesgo de una avalancha en el cantón.
La CNE planteó que la empresa coloque un sistema de alerta para que, en caso de un evento, la gente que vive aguas abajo tenga tiempo de evacuar.
Lidier Esquivel, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, aseguró que además solicitaron que se realice una valoración frecuente y seguimiento cercano al proceso de extracción, si este se ejecuta.