Un total de 81 compañías privadas aguardan en lista para ser escogidas por el ICE y venderle su energía mediante plantas renovables.
Sin embargo, hoy, esa probabilidad es casi nula.
La espera de las 81 será inútil hasta tanto el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no saque a concurso nuevos contratos de compra, y eso no sucederá en los próximos años –al menos no antes del 2019–.
¿Por qué? La Ley 7.200 (que autoriza la generación particular) establece que los privados no pueden aportar más del 15% de la energía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este 2014, tras 24 años de haber ingresado al SEN, 28 firmas llegaron al tope.
La esperanza de aumentar su participación fue sepultada días atrás, luego de que el Poder Ejecutivo y el ICE descartaron su interés en el Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica. Ese texto pretendía subir el tope del 15% al 30%, y permitir a cada planta exceder los 20 MW de potencia.
La justificación del Gobierno fue que las plantas contratadas y en operación (públicas y privadas) tienen cubierta la demanda eléctrica hasta, al menos, el 2019.
De sobra. En la lista de espera para obtener la elegibilidad del ICE figuran hoy 32 proyectos hidroeléctricos; 25 eólicos; 19 solares y cinco de residuos sólidos municipales o biomasa (estos últimos están eximidos de topes, según la ley).
Esos 81 proyectos sumarían una potencia de 1.207 megavatios (MW), casi la mitad de la capacidad instalada con la que cuenta actualmente el país, de 2.776 MW.
Su oferta sería suficiente para llevar energía a unos 2 millones de hogares, cerca del doble de los existentes en Costa Rica (1,2 millones, según la Fundación Promotora de la Vivienda).
Esa potencia cuadriplicaría la de la planta hídrica Reventazón, la de mayor capacidad en el país.
Cada una de esas plantas proveería empleo a unas 25 personas, según Mario Alvarado, jerarca de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).
“Sin límites, los privados podrían tener mucha más oferta en tipo y tamaño. El interés en energías limpias persiste y el que haya competencia y se elija a los mejores, bajaría las tarifas”, apuntó.
Para Osvaldo Durán, representante de la Federación Conservacionista de Costa Rica, la lista de espera evidencia que la energía “es un negocio fabuloso que ha hecho ricas a las firmas privadas”. Y, agregó: “Lo que permitió el país es una llana subasta. No vamos a aprobar la participación privada así; hay que derogar la Ley 7.200. Son innecesarios; incluso los 28 privados podrían sustituirse”.
Esperan. Además de esperar por el alza del tope, las 81 firmas deberán aguardar a que el ICE pronostique faltantes energéticos y publique nuevas convocatorias.
Mientras tanto, luego de matricular sus proyectos, estos van avanzando con los permisos y estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica.
En cada uno de los concursos se toma en cuenta el precio ofertado y el grado de avance en esas gestiones, según Gilberto de la Cruz, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del ICE.
El que los contratos con cada generador tengan fecha de caducidad (de hasta 20 años) no necesariamente implica que, tras su vencimiento, puedan ingresar al SEN las compañías en espera.
De la Cruz informó a La Nación de que las plantas existentes “tienen el espacio asegurado mientras mantengan el interés por venderle energía al ICE”.
Hoy, el Instituto genera el 74% de la energía eléctrica del país; el otro 26% proviene de generadores no estatales y cooperativas.
En el 2013, el ICE invirtió ¢59. 417 millones en la compra de energía de compañías privadas, a un precio de ¢37 por kilovatio hora (kWh). Con ello, se generaron 1.600 millones de kWh.
En diciembre se estableció que los privados existentes –sin importar de qué fuente se trate– deben vender cada kWh a ¢37.
Entre tanto, si se toman en cuenta todas las fuentes con las que hoy genera, el kWh promedio del ICE tiene un costo de ¢57.
Esos precios no son los que percibe el consumidor. La tarifa para los abonados del ICE incluye costos de operación, transmisión y distribución, por lo que cada kWh termina costando ¢91.
Las tarifas serán distintas para plantas hídricas nuevas: entre ¢51 y ¢82 cada kWh. Para las eólicas nuevas costará entre ¢45 y ¢64, según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.