La Sala Constitucional ordenó a Acueductos y Alcantarillados (AyA) abastecer de agua potable a las comunidades de San Vicente, Sibuju y San Miguel de Talamanca, las cuales están consumiendo líquido contaminado.
La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca denunció la situación y presentó un recurso de amparo. La Sala declaró con lugar al recurso y obligó al Estado a garantizar la pureza del agua para consumo humano, así como la continuidad en su suministro.
Por su parte, la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva indígena Cabécar de Tayni, en la Estrella de Limón, presentó otro recurso de amparo debido a que en la comunidad de Gavilán también se estaba consumiendo agua contaminada.
La Sala IV declaró con lugar el recurso a favor de este poblado de 500 personas que tiene un Ebáis, una escuela, salón comunal, tres iglesias y tres pulperías.
"Se reconoce que existen obstáculos materiales y financieros que dificultan el pleno disfrute del derecho al agua. Sin embargo, esta situación no enerva ni anula el deber constante y continuo del Estado de avanzar con rapidez y efectividad hacia la plena realización de tal derecho", dijo la Sala.
El AyA tiene siete días de tiempo para llevar el líquido potable a estas comunidadees, ya sea por camiones cisternas, fuentes públicas o cualquier otro sistema.
