Revelar que la empresa Unaporte S. A. –dedicada a la modalidad de transporte SEE Taxi– le cobró ¢1 millón por franquicia o afiliación, le costó el trabajo al porteador guapileño Carlos Guevara Noguera.
Guevara no puede portear sin esa franquicia; difícilmente tendría acceso a las placas que, aunque son propiedad del Gobierno, cayeron casi todas en manos de compañías dueñas de una concesión. Obtenerla por sí solo exige requisitos “incumplibles”, según su criterio; además, no hay disponibles.
La semana pasada, Guevara, de 65 años, presentó ante este medio un recibo a nombre de Unaporte S. A., que detalla que esa empresa de porteo pretendía cobrarle ¢1 millón por la “franquicia de la móvil”.
Según Guevara, su despido llegó unas cuantas horas después de la publicación del comprobante, lo cual lo forzó a devolver la franquicia que le permitió brindar el servicio de transporte puerta a puerta desde el 16 de noviembre del 2012.
“Cuando salió la noticia me llamó (José Luis) Davis (patrón a cargo de la base en Guápiles) para amenazarme; me gritó que por traidor no se me ocurriera volver a aparecerme en la base y no me dio comprobante ni nada. Solo me echó y me quitó la placa”, denunció.
A pesar del pacto inicial, el chofer admitió que “al final” le hicieron un descuento por esa franquicia, o bien, por esa posibilidad de asociarse a la firma y tener placa.
El Servicio Especial Estable (SEE Taxi) nació con la Ley 8.955 en mayo de 2011, para anular la figura del porteo. El Consejo de Transporte Público (CTP) ha otorgado 3.072 placas o códigos, de los cuales 1.680 están en manos de siete empresas.
La compañía Unión Nacional de Porteadores (Unaporte) es la que tiene mayor número de permisos a su nombre, con 722, y fue constituida en el 2004 por el ahora diputado del Movimiento Libertario (ML) José Alberto Alfaro. Quien preside esa sociedad desde marzo es su esposa y su asesora en el Congreso, María Lorena Cordero.
Reunión tensa. El miércoles pasado, un equipo de La Nación visitó la sede de Unaporte en Guápiles, Pococí, a la hora en la que se reunirían Guevara y su expatrón Davis.
Fue entonces cuando Davis, al frente de un grupo de porteadores que aún trabajan para él, admitió que forzó a Guevara a irse de la empresa debido a “falta de lealtad”.
“Lo que él (Guevara) hizo, de entregar ese recibo sin explicar, fue una falta de lealtad y ya no puede trabajar aquí. Él a mí me hizo una jugada que, sinceramente, si la hubiera especificado, yo lo hubiera lavado, pero él presentó un recibo sin explicar la situación”, manifestó.
Davis prefirió no ahondar en explicaciones con el alegato de que no estaba autorizado por sus jefes. Sí dejó claro que no hay comprobante físico del despido del porteador.
Al encuentro, de cerca de dos horas, se acercaron unos 10 choferes disconformes. “Estamos cansados de pagar lo que nunca va a ser nuestro; exigimos que nos den códigos personalizados”, dijo John Buitrago, de 38 años y seis de laborar ahí.
Manuel Mora, de 41 años, ingresó a la empresa hace un año y medio y aseguró haber pagado, en ese entonces, ¢1.200.000 por la afiliación.
La Nación llamó por teléfono a Cristian Chaves, gerente de Unaporte; aunque contestó, segundos después colgó y no respondió más. También se llamó y se dejó un mensaje al diputado Alfaro, pero no fue posible hablar con él.
Desprotegidos. ¿Pueden las empresas de porteo cobrar ¢1 millón –o incluso más– por cada afiliación? ¿Son legales estos cobros?
Mario Zárate, director del CTP (órgano encargado de distribuir las placas), admitió que, aunque es “un infortunio”, no hay forma de impedir o controlar esos cobros.
“No podemos intervenir en una esfera privada, en donde impera el principio de la autonomía de la voluntad y la libre contratación. Desde el punto de vista de lo que sucede aquí, pues sí, es un infortunio, pero quienes pueden enderezar eso son los legisladores; nosotros no”, dijo.
La Ley N.° 8.955 dejó abierto el portillo pues no definió qué sucedería una vez que los códigos fueran otorgados a compañías de porteo. Zárate dijo que lo que le queda a un porteador como Guevara es la denuncia en la vía ordinaria.