La construcción de la hidroeléctrica El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas, alcanzará, este mes, tres años de patinar en trámites y negociaciones.
La megaplanta, de 650 megavatios de capacidad (MW), está varada desde el 2011 y ahora les corresponderá a las nuevas autoridades de Gobierno definir su futuro.
El proyecto tuvo problemas desde abril de 2011, cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) salió de los territorios indígenas, que había ocupado, para hacer estudios y obras básicas.
Las reservas indígenas son terrenos protegidos por ley.
A partir de ese momento, se abrió un proceso de diálogo con los grupos indígenas, que incluyó la visita de un relator de Naciones Unidas, quien ordenó al Estado hacer una consulta a los afectados.
En ese trámite se está todavía.
Luis Pacheco, gerente de Electricidad del ICE, dijo que la entidad espera que el Gobierno defina la forma de realizar la consulta indígena con los pueblos involucrados y que se convoque el proceso para concretarla.
La consulta es fundamental para completar el estudio de impacto ambiental que debe ser sometido a escrutinio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Gastos. Respecto a las inversiones hechas por el ICE en la zona, ya suman $129 millones, un 85% de lo presupuestado para los estudios de factibilidad ($153 millones).
“Debemos recordar que este proyecto es el emprendimiento hidroeléctrico más grande que se ha proyectado hacer en Centroamérica, del orden de 630 MW y un presupuesto estimado ( 2013) del orden de $2.500 millones”, dijo Pacheco.
Los gastos realizados incluyen estudios de investigación, diseños básicos, parte de los diseños finales, estudios de arqueología y mejoramiento y de caminos.
René Castro, actual ministro de Ambiente y Energía (Minae), dependencia rectora del sector eléctrico, lamentó que el proyecto esté empantanado en momentos en que el costo de la energía se dispara por el uso obligado de plantas que utilizan combustibles.
“Con El Diquís estamos en una de esas interminables discusiones en las que Costa Rica parece haberse enfrascado y dilapidar parte de su energía y su capacidad de crear consensos”, reclamó Castro, quien instó al ICE a hacer un esfuerzo y acelerar los trámites.
La idea es que, en el futuro, los sobrantes de energía que produzca El Diquís, se puedan exportar y así paliar las crecientes tarifas.
Sí es necesaria. Por su parte, el presidente designado del ICE, Carlos Obregón, cree que la hidroeléctrica es necesaria y se debe seguir con su construcción.
Sin embargo, es realista en que nada puede avanzar sin un consenso con los indígenas y las comunidades afectadas por la megaobra.
Obregón dijo que en los primeros 100 días de la administración de Luis Guillermo Solís se tendrá que contar con una definición sobre el futuro de la planta generadora.
Fernando Marín, ministro de Bienestar Social, coordinador de la Mesa de Diálogo Indígena, foro que incluye diversos asuntos, dijo que se pretende elaborar un protocolo de consulta para diferentes proyectos de infraestructura, no solo El Diquís, pero todavía no está listo.
Respecto a los habitantes no indígenas, Luis Pacheco, del ICE, comentó que han desarrollado, de manera exitosa, un proceso interactivo de participación pública con 29 comunidades. El desarrollo de El Diquís obliga la reubicación de 1.547 personas.
Pacheco informó de que no desarrollan obras en este momento.