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La permanencia de la empresa Riteve SyC, por dos años más en el país es casi un hecho para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT).
Rodrigo Rivera, viceministro de Transportes, manifestó ayer que el contrato de la firma que brinda el servicio de revisión técnica vehicular, se tendrá que alargar, debido a que el concurso para escoger nuevos operadores aún esta lejano.
A Riteve se le vence el contrato en el mes de julio del 2012; sin embargo, la apertura de la competencia en la revisión técnica, a criterio de Rivera, no estaría ni en dos años, debido al lento proceso.
“Eso casi que es definitivo –alargar el contrato a Riteve–, porque en Costa Rica las licitaciones duran más de dos años, y ellos van a tener que quedarse dos años más después de julio del 2012”, afirmó el viceministro.
Según el funcionario, a este momento, abrir la licitación para que uno o varios operadores nuevos lleguen, tendrá que saltear al menos dos obstáculos.
El primero es que la licitación depende de la nueva ley de tránsito que discute la Asamblea Legislativa. Sin embargo, desde hace dos años y dos meses, los diputados solo han visto mociones.
Para el funcionario, esa ley será la que establezca las reglas para permitir la llegada de al menos dos empresas para realizar la revisión. No obstante, para este año la regulación no entraría en vigencia. Por lo anterior, tampoco podría abrirse la prestación del servicio.
El segundo obstáculo al que se enfrenta la apertura de ese servicio es que, de refrendarse, el proceso para que queden en firme las nuevas operadoras podría tardar hasta dos años, según calculó Rivera.
“Si yo sacara la licitación en enero, podría tardar hasta dos años en estar en firme. Porque aquí tardan eso, mientras se resuelven las apelaciones, ir a la Corte y otras cosas”, consideró.
Además, le llevará un plan de conciliación ante el reclamo de la firma española contra el Estado costarricense, por no definir el reajuste de las tarifas en los últimos diez años. Esa es la causa, por la cual la empresa Riteve considera impulsar un arbitraje internacional contra el país.
Ese reacomodo del arancel es del 19% en los servicios que da la compañía, lo que implica que la revisión para vehículos livianos que hoy cuesta ¢9.930 subiría a por lo menos ¢11.900.
El rechazo a realizar un ajuste tarifario está actualmente en discusión en el Tribunal Contencioso Administrativo, luego de que Riteve planteó una demanda por ¢11.000 millones.
Para Rodrigo Rivera, la propuesta del modelo tarifario busca evitar que el país enfrente otro nuevo reclamo en instancias internacionales. La intención es que la compañía conozca los términos e incluso pueda realizar algunas observaciones.
El funcionario aseguró que la decisión de aplicarla o no la tomaría el propio MOPT.
La fórmula que se resuelva deberá ser conocida también por la Contraloría General de la República (CGR), que emitirá un criterio técnico.
Una vez aprobado, sería enviado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para su posterior aplicación.
Riteve SyC opera aquí desde julio de 2002 y solo el año pasado revisó las condiciones de 895.282 automotores.
