El obispo Óscar Fernández Guillén, de 61 años de edad y oriundo de Oreamuno de Cartago, pero asignado en la diócesis de Puntarenas, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), máximo organismo de la Iglesia católica en el país.
Fernández releva en el cargo a monseñor Hugo Barrantes luego de que este estuviera tres años al mando de la Cecor.
El nuevo presidente fungía como secretario general. Su escogencia en el nuevo cargo se dio el sábado al mediodía en la sede de la Conferencia Episcopal, en barrio México, San José.
En la votación de la Cecor participan los ocho obispos del país. Aunque esa escogencia es secreta, una fuente cercana a la organización manifestó que la elección de Fernández quedó seis votos a favor y dos en contra.
Ayer se intentó hablar con el obispo Fernández, pero no devolvió las llamadas a su celular y a la diócesis de Puntarenas.
Tampoco hubo respuesta de parte de Laura Ávila, periodista de la Conferencia Episcopal.
La secretaría general, hasta entonces ejercida por el ahora presidente de la Cecor, recayó en el liberiano Oswaldo Brenes Álvarez, obispo asignado en la diócesis de Ciudad Quesada.
Estos dos puestos, junto con la presidencia, conforman la Comisión Episcopal Permanente.
En la tesorería hubo reelección para el obispo José Rafael Quirós Quirós, máximo prelado de la provincia de Limón.
Con respecto a sus funciones en la tesorería, Quirós dijo que prefería las consultas vía correo electrónico, las cuales le fueron enviadas, pero al cierre de edición no las había atendido.
Una ellas era sobre el estado de las finanzas de la Iglesia católica costarricense.
Por otra parte, la satisfacción por la nueva presidencia la manifestó monseñor Francisco Ulloa, quien estuvo a cargo de la Cecor antes del mandato del arzobispo Hugo Barrantes.
Ulloa retrató a Fernández como “un sacerdote muy capaz, de gran visión, y que vendrá a hacer mucho bien a nuestra grey; en el plano personal, me complace (el nombramiento) porque fue mi discípulo en el Seminario Mayor”.
La Fiscalía busca aclarar si se cometió delito, o no, en operaciones financieras, entre marzo del 2005 y agosto del 2007, en diversas cuentas bancarias en Costa Rica y Panamá, relacionadas con la Iglesia católica costarricense.
Fernández también deberá tomar posición en temas como la discusión sobre la eventual aprobación en el país de la fecundación in vitro.