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El Ministerio de Trabajo investiga denuncias sobre supuestas irregularidades en la relación entre empleado y patrón en el sector de transporte público.
El anuncio lo hizo ayer, horas después de que este medio publicara la noticia sobre el despido –sin responsabilidad patronal– del porteador Carlos Guevara.
El guapileño, de 65 años, prestaba el Servicio Especial Estable (SEE Taxi) como asociado a la empresa privada Unión Nacional de Porteadores (Unaporte), que opera 772 códigos o placas de taxi.
Guevara fue forzado a irse de la compañía el 11 de julio, tras hacer público un recibo de dinero que demuestra que esa sociedad anónima de porteo (servicio de puerta a puerta) pretendía cobrarle ¢1 millón por la ‘franquicia’ o afiliación.
Ahora el limonense no puede portear sin ella; difícilmente tendría acceso a las placas que, aunque son propiedad del Estado, cayeron casi todas en manos de compañías dueñas de una concesión.
Consultado acerca del despido, su patrón en la sede de Guápiles, José Luis Davis, alegó “falta de lealtad” por parte de Guevara. Esto, declaró, debido a que el chofer reveló el recibo “sin dar explicaciones”.
De ese despido aún no existe comprobante físico. El viceministro de Trabajo, Harold Villegas, anunció que tramita este caso con tal de verificar la condición laboral del porteador. Así como esta, informó, hay otras denuncias en fila.
“Hemos iniciado una investigación de éste y otros casos, sobre el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Hacemos un llamado a todos los patronos a respetar la legislación laboral costarricense”.
Mario Zárate, director del Consejo de Transporte Público (CTP) –encargado de otorgar las placas– explicó que no es capaz de influir o controlar los posibles abusos de estas firmas, pues son privadas.
El SEE Taxi nació con la Ley 8.955 en mayo de 2011. El CTP ya dio 3.072 placas, de las cuales 1.680 son manejadas por siete firmas.
Unaporte es la que obtuvo más (722) y fue constituida en el 2004 por el diputado del Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro. Su esposa y asesora en el Congreso, María Cordero, la preside.
