“La mayor parte del tiempo no tenía qué comer. Mi hijo de 2 años me decía ‘tengo hambre’, y tenía que responderle que se esperara hasta mañana. La de 15 años me entendía y me contestaba que no iba a comer para que yo lo hiciera, porque en aquel momento estaba embarazada del menor”, contó Johana Arias Brenes, empleada doméstica de 35 años, quien vive en Heredia.
Ella aprieta fuerte sus dientes. Toma aire, mira hacia los costados, como quien busca una gota de aliento, para luego recordar.
Hoy, sin embargo, esta madre soltera, quien vivió en un orfanato hasta sus 15 años y no conoció a su madre, dice que tiene esperanza.
Sus hijos, François, de 5 años, y Josua, de 3, reciben a diario un plato de comida. Además, tienen ya educación preescolar.
Un subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) permite a los niños asistir a la Fundación Sunem, en Heredia centro, que opera dentro del programa de Red de Cuido Infantil, plan estrella del gobierno de Laura Chinchilla.
Según el Ministerio de Bienestar Social, el plan ha incorporado en tres años a 9.082 niños de 0 a 7 años de edad, quienes, mientras sus padres trabajan, permanecen bajo el cuido de maestras y con alimentación pagada por el Estado.
El propósito del plan es que los padres puedan trabajar o educarse para alejarse de la pobreza.
La mayor parte de los menores se han sumado al plan por medio de los Centros de Educación y Nutrición, así como los Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái), algunos nuevos y otros con mejoras.
La promesa es beneficiar a 15.000 menores, de los cuales aún faltan 5.900 por cubrir en un año.
Con la red de cuido, Brenes, por ejemplo, sale tranquila hacia su trabajo donde gana ¢7.500 al día, que, al menos, le aseguran el alquiler de casa de ¢125.000 al mes.
Ahí, en Sunem, Shirley Carranza, de 45 años y vecina de Guararí, halló la posibilidad de estudiar computación y retomar el colegio.
Esto ocurre mientras sus hijos Isaac y María Paula, de 5 y 3 años, están al cuido de la Fundación. La niña tiene síndrome de Down.
Superación. Geovana Morera Aguilar, de Cartago, tiene 31 años, de los cuales durante 10 fue víctima de violencia doméstica. También en ese tiempo nacieron sus cuatro hijos. “Aguanté por los niños y porque no me creía capaz de poder hacerlo yo sola. Él (su exesposo) no me dejaba trabajar; es machista en todas sus dimensiones”.
Morera comenzó a trazar el nuevo rumbo de su vida cuando logró inscribir a dos de sus hijos en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) Atardecer, en Cartago.
El siguiente paso fue ponerle fin al círculo de la violencia y hacerse cargo de sus niños tras encontrar empleo en una empresa de la zona.
“Yo pensé que así iba a vivir para siempre y así moriría”, dijo.
El Cecudi de Cartago centro es uno de los dos que están en funcionamiento, aunque el compromiso inicial era construir y habilitar 70.
Ahora, el Ministerio de Bienestar Social redujo la meta a 55 para el 2015; es decir, en el próximo Gobierno. El otro Cecudi que está en operación es el Manuel de Jesús Jiménez, también en Cartago.
A este lugar acude todos los días María del Milagro Solano, de 27 años, a dejar a su hijo Yusniel, mientras saca cursos de Computación e Internet, esperanzada en conseguir pronto un trabajo. “He pasado limitaciones, pero el arroz y los frijoles de mi hijo ahí están”.
La ayuda. Isabel Brenes, viceministra de Bienestar Social y Familia, explicó que el subsidio requiere un estudio socio-económico que está a cargo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el IMAS.
Los montos para los beneficiarios oscilan entre los ¢57.000 y los ¢115.000. “Si a una familia le corresponden ¢100.000 y el niño tiene alguna discapacidad, entonces se le suma un 15%”, dijo.
El dinero no lo recibe la familia, sino que va directo al centro.
Fernando Marín, ministro de Bienestar Social, dijo que la idea es que en el 2025 la cobertura sea de 60% a 70% de niños beneficiados.
A pesar de este tipo de programas sociales, aún se mantiene un 20% de pobreza en Costa Rica.
Según Marín, esto se debe al modelo de desarrollo que como país se escogió. Especialmente en zonas rurales donde no se logró crear alternativas o fuentes de empleo, para sus habitantes.