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Ciudad Quesada, San Carlos
Los reportes sobre la extracción ilegal de oro de la polémica mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, motivaron la apertura de una investigación del Ministerio Público.
El anuncio lo hizo el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, en una reunión con ciudadanos realizada este viernes en el auditorio de los Tribunales de Justicia en Ciudad Quesada, en la que también participaron el presidente de la Corte Suprema y 11 magistrados más.
Alejandro Araya, el fiscal regional adjunto, confirmó la pesquisas y explicó dijo que intentan llevar el caso más allá de las 130 detenciones de coligalleros que ya se hicieron. A esas personas se les abrió un proceso penal por explotación ilegal de oro y daños al subsuelo, el cual pertenece al Estado.
Según Araya, la intención también es determinar si en Crucitas, a consecuencia de lo que se llamó la "fiebre del oro", se estén cometiendo otros delitos como trata de personas, proxenetismo y tráfico de sustancias prohibidas, como el mercurio, que se usa para separar el oro del lodo.
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La mina está ubicada en dos cerros dentro de una propiedad de 805 hectáreas y es la misma que intentó aprovechar la empresa de capital canadiense Industrias Infinito , desde inicios de los 90. De ahí se pretendía extraer entre 800.000 y 1,2 millones de onzas del metal.
Al final, resoluciones judiciales de 2010 y 2011 frenaron el plan, tras identificarse irregularidades en los permisos para extraer oro y daño ambiental por la corta de almendros amarillos, una especie vedada.
Durante este año se han realizado varias detenciones en la zona. Una ocurrió en mayo, cuando dos oreros fueron sorprendidos con 678 gramos de mercurio.
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Araya explicó que dado que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado, se coordinan acciones con la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras.
Las autoridades no manejan una cifra exacta de los coligalleros que se han instalado en la zona desde marzo, pero se estima que es muy superior a los 300. Se presume que son personas de escasos recursos económicos procedentes de Abangares, Upala, Guatuso, Los Chiles y de diferentes comunidades sancarleñas.
Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública, manifestó que la Fuerza Pública no tiene el personal que requiere para frenar la situación de Crucitas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de unir esfuerzos con otros cuerpos policiales para emprender un vasto operativo con el fin de determinar quienes están detrás de los coligalleros.
El jerarca advirtió que harán todos los esfuerzos posibles para evitar actos de violencia provocados por eventuales disputas por controlar los yacimientos.
