Ranchos, salones comunales, iglesias e incluso casas prestadas funcionarán como aulas para estudiantes de escuelas y colegios públicos durante el curso lectivo que empezará este jueves 10 de febrero.
Además de cuadernos y lápices, esos niños y jóvenes estarán acompañados de exceso de ruido, por la falta de divisiones adecuadas, y un insoportable calor ante la ausencia de cielorraso.
Estos salones de clases improvisados tampoco los dejarán concentrarse, debido al poco espacio entre grupo y grupo, lo que, a su vez, obligará al docente a elevar la voz pese a los problemas de salud que esto podría acarrearle.
Uno de los casos más críticos es el del Liceo Cuajiniquil, en La Cruz, Guanacaste, pues los 200 estudiantes serán repartidos en un salón comunal, un rancho y un templo evangélico.
Un panorama similar enfrentarán los estudiantes de unos 60 liceos rurales, antes llamados telesecundarias, como por ejemplo la de Banderas de Pocosol, San Carlos, donde incluso se mete el agua durante el invierno.
El agravante es que historias como estas posiblemente se repetirán en el futuro, porque la necesidad de salones de clases rebasa las posibilidades económicas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Así lo confirmó Carlos Villalobos, director de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP.
El funcionario reconoció que necesitan $1.000 millones (¢510.000 millones) para reparar todas las escuelas y colegios, construir gimnasios y levantar bibliotecas.
Sin embargo, esa cantidad supera en 19 veces el dinero destinado por el Ministerio para infraestructura durante este año.
Villalobos aseguró que, aunque todos los años hacen obras nuevas, otras instalaciones llegan al fin de su vida útil pues fueron construidas en las décadas de 1950 y 1960.
“El déficit de infraestructura es tan alto que, aunque aumentamos el presupuesto en los últimos años, es imposible superarlo”, sentenció Silvia Víquez, viceministra administrativa del MEP.
Las necesidades están a la vista, pese a que el Ministerio triplicó los metros cuadrados de construcción en los últimos tres años, al pasar de 48.654 en 2007, a 155.971 en 2010.
En contra. La falta de terrenos aptos o a un precio justo añade dolores de cabeza al Ministerio en el intento por construir aulas.
Por una propiedad el MEP solo puede pagar el monto que fije Hacienda tras hacer un avalúo; no obstante, Víquez dijo que la mayoría de dueños aspiran a recibir más dinero, lo que estropea la solución añorada por los estudiantes.
Uno de esos ejemplos es el del Liceo Pacto del Jocote, en Alajuela, pues, aunque tienen el dinero, no encuentran una propiedad.
Como un salvavidas provisional, el MEP apuesta a que la Asamblea Legislativa le autorice, mediante ley, suscribir un fideicomiso con el Banco Nacional por ¢86.000 millones para atender los casos más críticos.
Mientras eso ocurre, los sindicatos de educadores reclaman acciones prontas.
“Colegios que tienen problemas serios de infraestructura comenzarán con las mismas carencias”, enfatizó Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
