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El registro de “alumnos fantasma” a principios del 2012, aumentó los salarios de directores y los números de grupos en decenas de centros educativos del país.
Se trata de estudiantes reportados durante la matrícula de principios de año, y de los cuales el Ministerio de Educación Pública (MEP) no encontró rastro alguno, durante una auditoría aplicada entre abril y junio del 2012.
De la matrícula inicial dependen los sueldos de los directores, así como ciertas ayudas económicas que reciben las instituciones, (como los comedores y las juntas administrativas).
Por ejemplo, el salario base de un director de una escuela con 30 estudiantes es de ¢466.000, pues califica como unidocente. Sin embargo, al contar con 31 alumnos, ese sueldo aumenta a ¢520.000, ya que a partir de los 31 alumnos el centro educativo asciende a la categoría Dirección 1.
En secundaria, el número de estudiantes reportados también determina el tamaño de los grupos y las lecciones asignadas a cada docente.
Las visitas sorpresa se aplicaron en 1.055 escuelas y 256 secundarias en las 27 direcciones regionales del país.
Según indicó ayer el director de Planificación del MEP, Ricardo Vindas, en las primarias analizadas se hallaron variaciones entre la matricula inicial y la auditada de hasta un 50%, mientras que en las secundarias alcanzó el 60%.
“La mayoría de alumnos ausentes al momento del auditoraje no contaban con expediente, lo que induce a pensar que no existen o asisten a otro centro educativo”, explicó Vindas.
En el caso de las escuelas, 148 (es decir, el 14% de las auditadas) requirieron algún tipo de ajuste de salarios, cantidad de docentes u horarios alternos, una vez concluida la auditoría.
Mientras tanto, en los colegios las inconsistencias en los datos se vincularon más con el número de grupos y la asignación de lecciones por profesor. Según Vindas, en el 2012 se asignaron unas 20.000 lecciones de más en los colegios auditados, sin que el número real de estudiantes lo justificara.
Distorsiones. Estimaciones del MEP sugieren que los datos inconsistentes habrían inducido a la inversión equivocada de poco más de ¢6.000 millones el año pasado.
De estos, ¢1.155 millones corresponden a gastos en preescolar y primaria por docentes asignados de más, categorías inadecuadas y recargos de horarios alternos.
En secundaria, las lecciones académicas innecesarias le habrían significado el MEP un gasto de ¢4.800 millones, sin tomar en cuenta el pago de pluses salariales.
“Cuando tenés distorsiones, asignás mal los recursos: pongo más docentes donde no los necesito y no pongo donde sí los necesito”, aseveró el ministro de Educación, Leonardo Garnier.
Según Garnier, la información también sugiere que los datos reales de deserción son inferiores a los reportados.
Medidas correctivas. Garnier reconoció que los mecanismos usados hasta el momento para definir la remuneración y la cantidad de grupos “incitaban” a dar información equivocada.
Por ello, el Ministerio corrigió las asignaciones erróneas detectadas el año pasado y modificó las normas para este 2013.
Según las nuevas disposiciones, un centro educativo cambiará de categoría únicamente si la variación es de al menos un 20% de un año a otro, caso en el cual será auditado inmediatamente.
Si la ajuste es menor al 20%, este debe mantenerse durante tres períodos consecutivos.
Por otro lado, se implementará un sistema de bandas para definir la cantidad de secciones que puede tener un centro educativo.
Alexander Ovares, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), dijo estar de acuerdo con las medidas planteadas por el MEP, al considerar que traerían mayor estabilidad para los docentes.
“Nosotros no podemos avalar o respaldar una acción que no solo es ilegal, sino que la organización defiende y vela por la ética profesional”, agregó Ovares.
Distinta fue la opinión de Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), quien aseguró que muchos directores enfrentan recargas en sus labores que pueden inducir a errores.
“Hay casos donde los niños fueron matriculados y simplemente no llegaron, eso no quiere decir que son ‘fantasmas’. Mientras no se demuestre la culpabilidad de quienes están acusados, no debería moverse a la opinión pública a que crea que lo son”, concluyó Ferreto.
