El diputado José Alberto Alfaro abogó ante el MOPT para que reglamente la ley que regula la actividad de los exporteadores, en la que tiene intereses, pues su esposa preside una empresa que tiene a su nombre 772 placas de este servicio de transporte público.
La sociedad anónima Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte) fue fundada y dirigida por Alfaro (abogado de profesión) hasta marzo de este año, cuando dejó la presidencia tras ser electo como legislador del Movimiento Libertario por la provincia de Alajuela.
El cargo en la compañía en la cual era “gerente y propietario”, según dice su currículo en la página del Congreso, quedó en manos de su esposa, de apellido Cordero.
Sin embargo, Alfaro aún figura como presidente de la Asociación Cámara Costarricense de Porteadores, según el Registro Público.
Desde su curul, Alfaro ha realizado en los últimos días peticiones para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley que regula la actividad de servicio especial estable de taxi.
La normativa se volvió urgente para evitar la cancelación de los códigos (placas) para este servicio, ante el vencimiento del plazo establecido para renovar las unidades.
Ante ese riesgo, el congresista solicitó en junio reuniones con el ministro de Transportes, Carlos Segnini y tuvo una audiencia con el viceministro, Sebastián Urbina.
Incluso, participó en el movimiento de protesta organizado por los llamados exporteadores , el lunes anterior, el cual complicó el tránsito de miles de vehículos.
“Yo, como diputado, exigiré ante cualquier ministro que se respete la ley, ¿o me voy a quedar callado? No hay conflicto de intereses porque cuando usted alega legalidad y no beneficios propios, sino una condición que toda ley de la República debe tener (no hay conflicto)”, dijo.
Alfaro llevó desde mayo, como jefe de su despacho en el Congreso, a Germán Lobo, vocero y dirigente de los exporteadores.
Reacciones. El ministro de Transportes informó de que no se ha reunido con Alfaro, pero confirmó que el viceministro Urbina sí.
“Esta situación (el interés en la actividad del diputado) es preocupante y son de las cosas que se tienen que revisar. Vamos a hacer una revisión de los derechos de este tipo de servicio a fondo”, indicó.
Otto Guevara, jefe de fracción libertario (4 diputados), dijo que los diputados no tienen prohibición en el ejercicio de actividades económicas y apoyó las gestiones de Alfaro.
“A mí no me consta la información que usted me está diciendo y en segundo lugar, nosotros, como bancada, tenemos una historia larguísima de defender a quien la pulsea. A empresarios emprendedores”, expresó.
El SEE Taxi lo creó el Gobierno en 2011, como alternativa para ordenar el gremio de los porteadores. Para ello publicó la Ley 8955.
Esa ley facultó al Consejo de Transporte Público (CTP) a emitir 2.900 códigos o placas para estos transportistas. Sin embargo, tres años después no se ha publicado el reglamento de esa ley.
Según registros del CTP, Unaporte S. A tiene 772 placas distribuidas en varios cantones, la mayoría entre San José, Alajuela y Cartago. Segnini dijo que el primer punto que tocaría la Junta Directiva del CTP sería el de los prestatarios del SEE Taxi.
