La débil gestión del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) impide una adecuada planificación urbana del país.
Así lo expone el informe de la Contraloría General de la República DFOE-SOC-IF-92-2009.
“De acuerdo con la Ley de Planificación Urbana, el INVU tiene la obligación de elaborar, revisar y mantener al día el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).
“Pero, más de 40 años después de la entrada en vigencia de dicha Ley, aún no existe un PNDU debidamente estructurado, aprobado y oficializado, mucho menos en fase de aplicación”, dice el documento.
La planificación urbana tiene que ver con desarrollo inmobiliario, transporte público y protección del medio ambiente.
Ronald Bejarano, fiscalizador de la Contraloría, criticó las pocas acciones realizadas, a pesar de que la regulación urbana es una de las metas que contempla el Plan Nacional de Desarrollo.
Alfredo Barrantes, gerente del INVU, reconoció los atrasos en materia de urbanismo y alegó la carencia de los recursos humanos para realizar la labor.
No obstante, destacó que el INVU ha participado en la conformación de los planos reguladores de los distintos municipios.
Sin aprobar. El órgano contralor también cuestiona el hecho de que la propuesta actualizada del plan regulador urbano, conocido como Prugam, lleva un año de estar aguardando la aprobación de la junta directiva del INVU.
El Prugam se financió con 18,5 millones de euros, debido a un convenio de cooperación de la Unión Europea firmado en el 2003.
Eduardo Brenes, director de este proyecto, explicó que el objetivo es dictar las pautas de urbanización, respetando el medio ambiente y el espacio público.
Barrantes, por su parte, manifestó que la propuesta se está estudiando a fondo y que espera tener listo el informe final para finales de febrero.