El conflicto legal interno que atraviesa la firma Gas Zeta provocó que desde hace una semana solo se distribuya un 40% de ese combustible en todo el país.
Así lo afirmó el vocero de una las dos partes del lío que enfrenta esta empresa por un proceso de separación de bienes debido al divorcio de sus dueños, una pareja mexicana conformada por Evangelina López y Miguel Zaragoza, el cual se tramita en Texas, Estados Unidos.
Gas Zeta es vital para medio millón de hogares en Costa Rica que cocinan con gas, pues la compañía surte el 71% del producto, que es envasado en cinco plantas ubicadas en La Lima de Cartago, El Coyol de Alajuela, Guápiles, Limón y Bagaces.
Víctor González, vocero de la gasera, reveló que solo están colocando a sus clientes la mitad de lo usual. “Estamos entregando menos producto en cada punto tratando de que las necesidades queden cubiertas. Si un lugar requiere cierta cantidad de gas para 15 días, nosotros le llevamos para una semana”, dijo.
Explicó que solo están trabajando tres plantas: Bagaces, Guápiles y Limón.
Las de mayor envasado, que son las de El Coyol y La Lima, no funcionan desde el 23 de abril.
Desalojo. Ese día, el Ministerio de Seguridad ejecutó un desalojo administrativo relacionado con el mismo proceso de divorcio de los propietarios de la compañía.
Según González, desde entonces esas dos plantas están en manos de la otra parte en pugna, que las maneja “de forma ilegítima”.
Así, el gas requerido en el Valle Central debe ser transportado desde Guápiles, en tanto el sur del país es el que tiene más problemas de abastecimiento.
La información de González contradice lo expresado este miércoles por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), cuando se aseguró que no habría desabastecimiento.
Conflicto. González culpa al Ministerio de Seguridad por la situación con la entrega de gas, al señalar que en el desalojo administrativo se sacó de las plantas de El Coyol y La Lima al gerente general Noel Bustillos, quien está acreditado en el Registro Público como apoderado generalísimo sin límite de suma.
Ese proceso fue tramitado por un representante de la otra parte del conflicto, un costarricense llamado Miguel Monge Alonso, “quien se ostenta como apoderado pero no tiene ningún poder”, afirmó González. Al parecer, esa persona lidera Gas Zeta pero en Perú.
Ayer La Nación no logró contactar a Monge Alonso.
Seis días después del desalojo, el Ministerio de Seguridad revocó la decisión tras analizar un recurso de revisión presentado en favor de Bustillos.
“La misma autoridad reconoce que no conocía quién era Bustillos y ordenaron a Monge abandonar las instalaciones y devolvérselas a él”, dijo González.
La viceministra de Seguridad Pública, María Salazar, defendió ayer que las autoridades actuaron “responsablemente”, ya que se apoyaron en los documentos que aportaron las dos partes involucradas en la disputa.
“El lunes analizaremos dos documentos que nos dieron las partes y se tomará la decisión de a quién de los dos se le va a pedir el desalojo”, puntualizó Salazar.
