El conflicto con los indígenas térrabas tiene en jaque a la megaplanta hidroeléctrica El Diquís.
El proyecto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) requiere 900 hectáreas de territorios indígenas no habitados, pero que son inalienables, según derechos indígenas protegidos por una ley nacional de 1977 y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
Los primeros reclamos contra el ICE surgieron tras ocupar 20 hectáreas sin una consulta previa al pueblo térraba, ubicado en Buenos Aires de Puntarenas.
Sobre esos terrenos, a los cuales el ICE tuvo acceso mediante un contrato firmado en el 2008 con un no indígena, se estableció un campamento y se trabaja en galerías o túneles.
De acuerdo con la entidad, se trata de excavaciones exploratorias necesarias para completar el estudio de impacto ambiental y no de obras definitivas como denuncian dirigentes indígenas.
El ICE además debe hacer frente a permanentes problemas de la población indígena, como la ocupación ilegal de sus territorios y la división interna.
Por ejemplo, de las 9.950 hectáreas de tierras térrabas, un 90% (8.950 ha) están invadidas.
A esto se unen los males comunes como la falta de agua potable – uno de los temas más críticos en Térraba– caminos en mal estado y limitados servicios de salud.
Esas necesidades, cuya atención tiene al Estado en deuda, hoy se convierten en una piedra en el zapato para El Diquís.
El Instituto se lanzó, en un principio, solo a promover su iniciativa hidroeléctrica, pero terminó por reconocer que la complejidad del tema requiere de la intervención del Gobierno y sus instituciones.
De acuerdo con Pablo Sibar, dirigente térraba del llamado Grupo de los 12, el ICE debe salir de sus territorios para luego buscar un diálogo. Esa es una organización paralela a la Asociación de Desarrollo, que es la representante jurídica de los indígenas.
“Cualquier estudio que se vaya a hacer en el territorio indígena, necesita el visto bueno”, dijo Sibar.
La Asociación tampoco tiene potestad para establecer un acuerdo con el ICE, pues eso le corresponde al pueblo térraba, agregó.
Según el ICE, la consulta procede pero antes de empezar obras.
En ambos casos se trata de territorios no habitados por lo cual no se requiere la reubicación o reasentamiento de familias.
Sin embargo, esto no hace el tema menos complicado, por la diversidad de criterios sobre la planta.
Hay quienes la apoyan porque reciben beneficios directos, como Enaldo Vargas, un mestizo de Térraba quien trabaja como soldador en El Diquís.
“Solo un pequeño grupo que no está de acuerdo es el que ha hablado con la prensa, pero no han consultado al 80% restante que sí está de acuerdo”, comentó.
En la acera del frente, Rosalina Navas, quien se declara legítima indígena térraba, resiente del ICE que despidieran a un nieto que trabajaba en El Diquís. Tampoco quiere la represa porque “secará el río y lo dejará sin peces y camarones”.
Boris Gamboa, coordinador de Gestión Socioambiental del Diquís, dijo que quienes se oponen al proyecto son solo dos familias o clanes asesorados por terceros. “El resto de la población tiene una posición de diálogo”, aseguró.
Un grupo, por ejemplo, reclama el 10% de las ganancias de la planta, como propuso el presidente del Consejo Nacional Indígena (Conai), Génaro Gutiérrez.
“Ahí (Térraba) hay un grupo de cabezas calientes que están en contra del proyecto. Yo no es que esté de acuerdo, pero creo que es una oportunidad”, expresó.
El ICE rechaza la idea de Gutiérrez, pero sí está dispuesto a discutir otras posibilidades. Por ejemplo, la coadministración del territorio de forma que se conservaría como reserva indígena y crear un fideicomiso para financiar proyectos de manejo ambiental, infraestructura, turismo o rescate cultural.
Otras opciones son la creación de un canon o una cuota por kilovatio generado para promover el desarrollo de la cuenca del Térraba.