El Congreso aprobó anoche en primer debate una nueva ley migratoria que sanciona con cárcel de dos a seis años a quien conduzca o transporte personas evadiendo controles fronterizos o utilizando documentos falsos.
La misma pena se aplica a quien, con fines de tráfico ilícito de personas, aloje, oculte o encubra a extranjeros que ingresen o permanezcan ilegales en el país.
El castigo sube en dos años cuando participe un funcionario público o se utilicen menores para cometer el delito conocido como "coyotaje".
La iniciativa se votó a las 10:29 p. m. y contó con el respaldo de 30 de los 39 legisladores presentes.
El segundo debate se pactó para mañana, jueves; sin embargo, se podría suspender si se presentase una consulta ante la Sala IV.
El proyecto incluye una multa de uno a cinco salarios base (entre ¢184.500 y ¢922.000) a personas o empresas que proporcionen alojamiento a extranjeros ilegales.
Quedan exentos del castigo los que los albergan por razones humanitarias y sin fines de lucro.
También se sanciona con multa de dos a doce salarios base (entre ¢369.000 y ¢2.214.000) a las personas o empresas que suministren trabajo a foráneos inhabilitados para ejercer actividades laborales.
En la propuesta se regulan los matrimonios entre extranjeros y costarricenses que tienen como fin que los primeros obtengan residencia en el país. El foráneo que solicite ingreso o permanencia en Costa Rica debido a un matrimonio concretado mediante poder, deberá demostrar la convivencia conyugal durante un año fuera del territorio nacional.
En el plan se impide el ingreso al país de extranjeros condenados por delitos sexuales, explotación de menores, homicidio, genocidio y evasión fiscal y por tráfico de armas, personas, patrimonio cultural, arqueológico, ecológico y de estupefacientes.
Acción Ciudadana y el Bloque Patriótico argumentaron que el proyecto atenta contra derechos de los migrantes por violaciones a su libertad, al debido proceso, al domicilio y a contraer matrimonio.
También consideran que la propuesta riñe con convenios y tratados internaciones suscritos por el país, que regulan la permanencia de refugiados y cuyas normas no se incorporan al texto.
Sostuvieron que la legislación es demasiado "policiaca" pues les otorga potestades excesivas a las autoridades migratorias para expulsar del país a personas ilegales.
El PAC, apoyado por el Bloque, solicitó anoche en dos ocasiones enviar el plan de nuevo a comisión para subsanar artículos que, afirman, rozan con la Constitución Política; sin embargo, la gestión no prosperó.
El socialcristiano Ricardo Toledo opinó que la legislación urge pues "el país no puede darse el lujo de llenarse de extranjeros".
A su vez, su compañera, la jefa de fracción Lilliana Salas, comentó que la propuesta aprobada norma los derechos, las limitaciones y las obligaciones de los extranjeros en concordancia con convenios internacionales en derechos humanos.
