Sala IV ordena a CCSS actualizar montos que entrega a personas con discapacidad que requieren prótesis o equipos
Magistrados dieron la razón a adulta mayor que presentó amparo contra institución. Caja revisó por última vez lista de artículos y costos hace 13 años
El taller de prótesis de la Caja Costarricense de Seguro Social presentó en conferencia de prensa varios modelos de los que fabrican para los pacientes amputados que atiende la institución Bela Flor Calderón
Por orden de la Sala Constitucional, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberá actualizar los montos que entrega a las personas con discapacidad que necesitan comprar prótesis u otros dispositivos.
Los magistrados llegaron a esa conclusión al declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por una adulta mayor con discapacidad debido a la amputación –Chopart– del pie derecho. El caso se tramitó bajo el expediente 23-013748-0007-CO.
De acuerdo con la sentencia, la afectada era atendida desde 2004 en el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), donde siempre le proporcionaron las prótesis y botas ortopédicas que ha requerido, sin ningún problema.
La Caja Costarricense de Seguro Social también tiene un taller que fabrica prótesis para los pacientes amputados que atiende. (Bela Flor Calderón)
Sin embargo, aseguró que desde el 2022 las casas ortopédicas empezaron a cobrar un monto superior al otorgado por la CCSS, el cual no puede pagar porque su único ingreso es una pensión del Régimen No Contributivo. La recurrente alegó que la mayoría de estas empresas cobran ¢40.000 adicionales.
La adulta mayor reclamó que tampoco le permiten acceder a un zapatero que no pida ese dinero adicional si no está inscrito ante la institución.
En las respuestas entregadas a la Sala IV, el propio gerente médico de la CCSS, Marino Ramírez, reconoció que la referida lista de artículos y precios de accesorios, aparatos y prótesis fue actualizada por última vez el 4 de febrero de 2010, es decir, hace más de 13 años.
“Para los magistrados, tal omisión constituye una grosera vulneración de los derechos fundamentales, no solo de la tutelada, sino también de todas aquellas personas que, en virtud de sus condiciones de salud, necesitan adquirir un accesorio”, reza la sentencia.
El alto tribunal le dio un mes a la CCSS para actualizar los precios y los montos dados a las personas. Además, condenó a la entidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
